Al presentar su informe como comisionado ante el Congreso del Estado, el presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inaip), Aldrín Briceño Conrado, propuso a los legisladores locales alargar el tiempo en el cargo para integrantes del consejo consultivo de ese organismo autónomo hasta por cuatro años, a la vez que solicitó mecanismos legales que blinden posibles  disminuciones presupuestales.

En sesión plenaria, la diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea, presentó ante el pleno la Ley de Adopción de Yucatán, la cual actualmente no existe en el estado, por lo que su virtual promulgación vendrá a abrir nuevas oportunidades para que tanto niños que carecen de una familia puedan tenerla, así como que algún ciudadano que desde formar una, lo pueda hacer mediante los causes legales correspondientes.

Este jueves, 350 delegados de la Sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), elegirán a su nuevo dirigente en una asamblea a puerta cerrada que durará dos días, según el legislador local Luis María Castillo Aguilar, quien fungió como líder magisterial antes de ser diputado. Existen varios prospectos para elegir a ese gremio, grupos afines a la maestra Elba Esther Gordillo Morales, presentaron a su candidato José Edgardo Gaytán Chacón.

Ejidatarios del municipio de Kanasín protestaron en el centro histórico de la capital yucateca para solicitar la intervención del gobierno del estado para que les sean pagadas varias tierras que fueron utilizadas por el empresario Pedro Solís Millet, como un sumidero de aguas negras del fraccionamiento cielo alto, por un monto superior de seis millones de pesos.

Un grupo de habitantes del municipio de Kantunil protestaron en el Congreso del Estado  en contra de la presidenta municipal con licencia y candidata a la secretaría general del Partido Revolucionario Institucional (PRI),  Raymunda  Che Pech, a quien acusan de tener secuestrado a ese ayuntamiento, pues a pesar de estar separada del cargo de manera temporal, sus familiares mantienen una serie de abusos a habitantes de esa población que no están de acuerdo con su forma de gobernar.

Al presidir el inicio de la Colecta Nacional 2019 de la Cruz Roja Mexicana en Mérida, el alcalde Renán Barrera Concha refrendó su  compromiso de continuar impulsando desde el Ayuntamiento políticas públicas y mecanismos que contribuyan a fortalecer el trabajo de la benemérita institución, ya que es de gran beneficio para la ciudadanía.

En la recta final del proceso de elección para la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), prevalece la opacidad, falta de información y una evidente desorganización del proceso que tendrá su clímax el 7 de abril, cuando cerca de 190 mil priistas acudan a las urnas para elegir entre las fórmulas encabezadas por el alcalde con licencia de Sucilá, Diego Lugo Interián y el ex diputado federal, Francisco Torres Rivas.

Las disculpas solicitadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España, por los abusos hacia la población indígena durante el proceso de la Conquista hace más de 500 años, tuvo eco en el Congreso del Estado, pues mientras legisladores del PRD, PAN, PRI y MC calificaron como un distractor las declaraciones vertidas por el mandatario nacional, diputados de Morena expusieron su apoyo a lo expresado por el tabasqueño.

Desde Yucatán se mantiene una red de pornografía que desde un sitio web expone imágenes íntimas de jóvenes mujeres mediante las cuales realizan actos extorsión y venta, reveló la activista Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, quien dictó  la ponencia “Violencia Digital, Problema con Perspectiva de Género”, con el objetivo de sensibilizar a los diputados locales para que endurezcan las leyes locales en materia de delito contra la intimidad de las personas.

Integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) solicitaron a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado que ese ilícito sea castigado con 80 años de prisión, toda vez que el sistema de justicia actual permite los juicios abreviados que han sido aprovechados por los victimarios para lograr penas menores a las que el delito que perpetraron establece en el Código Penal.