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Rectores de universidades públicas deberán contar con posgrado

03 Abril 2019
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En sesión ordinaria, legisladores del Congreso del Estado, avalaron realizar reformas al Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY) para que todos aquellos rectores de universidades descentralizadas del gobierno del estado, cuenten con un título de posgrado, además de contar con experiencia académica comprobable.

La LXII Legislatura aprobó por unanimidad, el dictamen para modificar el CAPY, en materia de organismos públicos descentralizados, para designar a rectores y directores de universidades o instituciones académicas del estado, suscrita por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), enriquecida por Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN), con una propuesta de modificación de Janice Escobedo Salazar, del Revolucionario Institucional (PRI).

Por lo anterior, el dictamen establece que cuando se trate de organismos descentralizados o su equivalente, cuyo objeto sean de formación académica universitaria, el titular deberá contar con título de maestría y experiencia académica comprobable.

Además, los organismos descentralizados, cuyo objeto sea educativo, de ser necesario, deberán realizar las adecuaciones a sus estatutos orgánicos, dentro de un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Karla Franco Blanco, del PRI, mencionó que con ello redundará en mejores resultados en beneficio de los yucatecos, reconociendo en todo momento, que la ciudadanía debe tener certeza, de que las escuelas y universidades del estado, contarán con rectores y/o directores, con el mejor perfil académico.

 

Sanciones a llamadas falsas

 

Luis Borjas Romero, del PRI, presentó una iniciativa para sancionar con 50 a 100 UMAS y con arresto de entre 24 a 36 horas de cárcel a quienes permitan o realicen llamadas a los sistemas de emergencias telefónicos, para dar un aviso falso de alerta, solicitud de auxilio, ayuda a un particular o cualquier otra situación que genere movilización o presencia del cuerpo de bomberos, personal de emergencias médicas, personal de protección civil o elementos de seguridad pública.

El diputado presentó esta modificación a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública ya que, apenas en 2018, de las 893 mil 192 llamadas que recibió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Yucatán, 737 mil 821 fueron improcedentes, es decir, fueron bromas, hechos no relacionados con emergencias o llamadas no contestadas o falsas.

 

Personas con discapacidad

 

Kathia Bolio Pinelo, también presentó una iniciativa para armonizar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que abarca modificaciones en materia deportiva, de salud, de educación, de movilidad y de transporte, así como la incorporación al texto de la Ley, el nuevo Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con sus objetivos y funciones.

“Con esta iniciativa damos un paso más para erradicar uno de los mayores problemas que enfrenta este sector social, que es la discriminación, que va ligado también por el desconocimiento de la sociedad, sobre todo lo relacionado con la discapacidad”, añadió la diputada que además habló sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

 

Iniciativas

 

En el mismo sentido, el legislador Manuel Díaz presentó una iniciativa para modificar la Ley de Salud, en materia de Objeción de Conciencia, para brindarles mayor protección a los derechos humanos a quienes prestan servicios de salud, en su decisión de realizar ciertas acciones, como el aborto.

De igual forma, Víctor Sánchez entregó una iniciativa para modificar la Constitución Política de Yucatán y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de que los miembros del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sean electos por un período de siete años, sin derecho a reelección.

 

Cuenta pública

 

En la plenaria del día, PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y Morena aprobaron por mayoría los Informes de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017 de 106 municipios y 94 organismos públicos, con el voto en contra de la fracción de MC.

Alejandro Cuevas Mena, señaló que todas las fuerzas políticas coincidieron que la ley vigente ha sido rebasada por la nueva realidad y requiere modernizarse para estar a la altura de los nuevos tiempos que demandan una fiscalización más detallada para los entes públicos.

 “Estoy seguro que no estamos satisfechos con el trabajo realizado porque no pudimos profundizar en las auditorías, pero tenemos que dejar en claro que cumplimos con lo que la ley nos mandata, ni más, ni menos”, expresó.

Miguel Candila Noh, de Morena, recalcó que se podrá seguir solicitando información a la Auditoría sobre el estado de las cuentas públicas de los sujetos obligados, en especial de los municipios, de quienes tienen diferentes dudas y observaciones, por lo que “no se termina con esto el procedimiento, y la ASEY está en disposición de trabajar en conjunto con los diputados”.

Milagros Romero Bastarrachea, de MC, comparó que el Ejecutivo estatal presentó 31 denuncias por anomalías en la Secretaría de Salud, de Educación y de Administración y Finanzas, de la administración anterior, pero la ASEY las calificó como limpio; a lo que el diputado del PRI, Felipe Cervera Hernández respondió que las querellas responden al periodo de entrega- recepción y no a los informes que se discuten.

Por otro lado, se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública la iniciativa de Ley de Adopciones del Estado, presentada por MC; a la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital, signada por la diputada Janice Escobedo Salazar.

De la misma forma, se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado, en materia de autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, suscrita por el Ejecutivo estatal.

 


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