La presidenta de la comisión de Derechos Humanos, María Moisés Escalante (PRI), mencionó que se expide una nueva ley y se impactan 11 más, entre ellas, la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, la Ley para la Protección de la Familia, el Código de Familia, entre otras.
“Uno de los principales puntos, es la creación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, brindando facultades más amplias a las autoridades cuya competencia sea el cuidado o protección de niñas, niños y adolescentes, permitiéndoles actuar de forma inmediata y oportuna, cuando detecten o se haga de su conocimiento que son vulnerados en sus derechos”, relató.
Indicó, que otro de los puntos importantes es la transformación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), que quedaría como Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de que se especialice en la protección y defensa de los derechos del referido sector; así, las atribuciones que ejercía la Prodemefa, las asume directamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Yucatán.
La diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, indicó que derivado de la pandemia por el Covid-19 incrementaron los delitos de secuestro, abuso sexual y abandono por lo que este dictamen refuerza las acciones para que niñas, niños y adolescentes tengan una vida libre de violencia.
Añadió, que se establece la obligación de las dependencias para instaurar mecanismos que faciliten la identificación, denuncia y atención de posibles casos de violación de derechos; así como la atribución de recibir quejas y denuncias y canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría de Protección y, con propuestas que ella presentó, también se deberá turnar a la Fiscalía General del Estado.
La diputada del PRI, Karla Franco Blanco, manifestó que su propuesta fue porque dicha norma adolecía de las medidas de protección especial, hoy consideradas en el dictamen como acciones emergentes de protección, y así, evitar que sean sujetos a la libre interpretación, ya que se precisa en qué consisten, a quienes están orientadas y a que están dirigidas.
“Dicho de otra manera, son mecanismos para dar atención y respuesta especial en los casos en que los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de Yucatán, estén vulnerados o restringidos. Buscando que este sector de la población, acceda al ejercicio de todos sus derechos”, reiteró.
La también presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, comentó que las presidentas y presidentes municipales, en el mes de agosto de cada año, rendirán ante el Ayuntamiento un informe anual cuyo objeto será dar a conocer a la ciudadanía el estado que guarda la administración pública municipal, que deberá contener la información relativa a la cuenta pública del periodo de gestión que se reporta y su incumplimiento será causa de responsabilidad.
En ese contexto, los integrantes del Cabildo deberán llevar a cabo dicha sesión con carácter de solemne en el edificio que ocupe la sede del ayuntamiento, de manera presencial o mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los términos que la ley señale; dicho informe deberá de ser enviado al Congreso del Estado, para los efectos legales correspondientes.
En la Sesión Ordinaria de este miércoles, también fue aprobada por unanimidad la Convocatoria para proponer candidatos para ocupar el cargo de Consejero Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), por un periodo de cuatro años.
Además, fue aprobado por mayoría la Tercera Entrega de 76 Informes Individuales de Auditoría, correspondientes a 35 organismos descentralizados, de participación estatal, fideicomisos y autónomos; de 33 municipios y de ocho organismos públicos descentralizados municipales; así como el Informe General Ejecutivo del Resultado de Fiscalización Superior, todos de la Cuenta Pública 2019.
La diputada Milagros Romero Bastarrachea, denunció que de los 43 alcaldes que buscan la reelección, todos tienen pendientes sin justificar de cuentas públicas, incluso, algunos con faltas graves como no justificar el presupuesto que se les otorgó y asignar recursos federales etiquetados a otros conceptos.
Señaló, los casos de Kanasín que tiene denuncias ante la Fiscalía General del Estado por presunto desvío de recursos, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, ante el Inaip y ante la Auditoría Superior del Estado, de esta última con 32 observaciones de las cuales ninguna solvento o justificó; así como el caso de Tinum, donde 500 habitantes del municipio denunciaron al ayuntamiento.
En la plenaria, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del 14 circuito judicial, mediante el cual notifica la resolución recaída en el amparo en revisión 103/2020 promovido por el Congreso del Estado en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo 1322/2019-I, resuelta por el Juez Tercero de Distrito del Estado y promovido por el ciudadano César Andrés Antuña Aguilar.
