Y es que mientras la panista Kathia Bolio Pinelo, pidió más amor y menos odio, al solicitar a sus compañeros diputados que se reconozca de manera total los derechos civiles de personas pertenecientes a la diversidad sexual, el diputado priista Felipe Cervera Hernández, presentó una iniciativa de ley para sancionar las “terapias de conversión” que busca “corregir” la orientación sexual o identidad de género de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT).
La primera en abordar la tribuna fue la panista, quien contrario a lo expuesto por sus compañeros de Legislatura, quienes repudian la posibilidad de reconocer el derecho de personas del mismo sexo formar una familia, recordó la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
“Ojalá se pueda retomar en este Congreso una vez más la votación del matrimonio igualitario para garantizarle los derechos civiles a las y los yucatecos que viven con esta condición de vida muy digna y muy respetable”, exhortó.
Finalmente, recordó que México es el segundo país en Latinoamérica donde más crímenes de odio se realizan contra personas de la diversidad sexual, situación que le motivó a presentar tal posicionamiento.
CASTIGO A “TERAPIAS DE CONVERSIÓN”
La propuesta de Cervera Hernández contempla modificar el Código Penal para castigar hasta con tres años de prisión o 200 días de multa a quien obligue, permita, consienta o aplique terapias, métodos, tratamientos o actos que anulen o repriman el libre desarrollo de la personalidad, la orientación e identidad sexual, expresiones o manifestaciones de género, provocando daños a la capacidad física o mental a la víctima.
Además, la sanción se duplicará cuando la madre, el padre, parientes, profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos o ministros de culto instiguen, autoricen o infrinjan estas “terapias de conversión” a menores de 18 años de edad.
En la Tribuna del Congreso, Cervera lamentó que existen personas que, debido a su orientación sexual, son privadas de su libertad o sometidas a tortura con actos “correctivos”, violentando sus derechos humanos.
También señaló que las prácticas “reparativas” que usaron los profesionales de la salud en el siglo XX y que continúan hasta hoy día, propagaron la criminalización de las personas LGBT, como si pudieran curarlas o padecieran alguna enfermedad.
“Por eso como legisladores debemos impulsar políticas públicas que inhiban estas prácticas, así como prohibir y sancionar a quienes las realicen y ofrezcan estos servicios, pero sobre todo proteger a las personas que puedan ser víctimas o bien, detectarlas para garantizarles la reparación del daño que hubieran sufrido”, apuntó.
