Diputados del congreso local aprobaron  por unanimidad en la  comisión  de Justicia y Seguridad Publica importantes medidas a favor de la mujer entre las que destacan perseguir de oficio casos de violencia familiar, mayores penas a culpables de abuso y hostigamiento sexual, así como el fortalecimiento de los derechos de las mismas.

Dichas medidas forman parte de lo establecido en el dictamen que deberá votarse en el Pleno para modificar el Código Penal y Código de Familia, de acuerdo con lo asentado durante las actividades de hoy en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública.

En materia de violencia familiar, Celia Rivas Rodríguez, informó que este delito será perseguido de oficio cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez durante el embarazo o en los tres meses posteriores al parto; cuando la víctima sea menor de edad o mayor de 60 años; cuando la víctima tenga alguna discapacidad; cuando el delito se cometa por dos o más personas o cuando el denunciado tenga antecedentes de violencia familiar contra la víctima.

“En estos casos, la Fiscalía General del Estado integrará automáticamente una carpeta para investigar y perseguir el delito; no obstante, cualquier persona que tenga conocimiento de un delito de esta naturaleza podrá realizar la denuncia correspondiente”, aclaró.

Además, la presidenta de la Junta de Gobierno añadió que para este delito también se aumentará la pena de seis meses hasta cinco años de prisión, cuando antes era hasta cuatro años; así como en el caso de hostigamiento sexual que será de uno a tres años de prisión, cuando antes era de tres días hasta un año de prisión.

“La violencia contra las mujeres no será tolerada por las autoridades”, enfatizó.

Rivas Rodríguez, mencionó también que se tipifica el delito de Acoso Sexual, que se complementa con el de hostigamiento, para proteger a las mujeres que son víctimas de esta forma de violencia en la vía pública, en la calle o en el transporte público.

De igual manera que sanciona a quienes cometen actos de exhibicionismo no consentido o que tomen fotos a las mujeres sin su consentimiento, el cual tendrá una pena de uno a dos años de prisión, que podría aumentar cuando se trata de menores de edad, de año y medio a tres años de cárcel.
 
De la misma forma, se deroga el requisito que pedía un año de duración al matrimonio que para solicitar el divorcio y de este modo, “cualquier mujer que sea víctima de violencia podrá separarse legalmente de su pareja, en caso de así requerirlo, sin tener que esperar un minuto más”.

Por último, la vocal de la comisión detalló que se actualiza el Código Penal referente al reconocimiento de la maternidad y paternidad, al igual que en conjunto con el Código de Familia, para armonizar sus definiciones y alcances de la reparación del daño, las órdenes y las medidas de protección, en plena concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Así, la reparación del daño ahora contemplará aquellos elementos que sean más favorables para la víctima, las órdenes y medidas de protección se actualizarán para salvaguardar la vida de las mujeres que sufren algún hecho de violencia y se garantizará también asesoría jurídica, acompañamiento, escolta para la recuperación de los bienes del hogar, así como el acceso para las mujeres, sus hijas e hijos, a programas sociales y educativos”, finalizó.

En su turno, Raúl Paz Alonzo (PAN) manifestó que para este dictamen se dio un trabajo conjunto con la sociedad civil organizada que abordaron elementos al tema.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

También en la jornada legislativa de esta tarde, en la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, sus integrantes aprobaron por mayoría las modificaciones a la Ley de Educación, para mejorar la calidad educativa a través de la profesionalización de los trabajadores de la educación, al otorgar al Instituto para el Desarrollo Profesional Docente ser un organismo público descentralizado, con autonomía jurídica y patrimonio propio.

Sobre el fortalecimiento a la calidad educativa, el vicepresidente, Jesús Quintal Ic (PRI) señaló que la actualización profesional ha sido un reclamo constante del magisterio y la reforma educativa presenta nuevos retos como elevar la calidad de enseñanza, que es el principal objetivo de estas modificaciones a la norma.

“Es necesaria la autonomía el instituto, porque permitirá diseñar de una forma más eficiente promover programas y actividades en la formación continua de los maestros, que se reflejará en el acceso a mejores proyectos, mejor desempeño docente y una mejor atención a los alumnos”, agregó.
 
Previamente, Jazmín Villanueva Moo (Morena), quien votó en contra, solicitó que se pospusiera la votación porque el análisis del dictamen fue corto y su contenido es extenso, para lo cual la comisión no admitió la petición por mayoría.

Sobre el tema, Manuel Argáez Cepeda (PAN) indicó que ante la importancia de la legislación y teniendo el balance de la educación del Estado, presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en una sesión anterior, es necesario actualizar a los maestros para que cada día tengan más herramientas.

“Esperemos que sea positiva para la sociedad, poniendo a los maestros a la vanguardia, siempre en beneficio de la educación”, subrayó.

El presidente de la comisión e impulsor de la iniciativa, Marbellino Burgos Narváez (Nueva Alianza) también abordó que los resultados presentados por el INEE es para reflexionar de que no se debe perder tiempo para favorecer la profesionalización de los docentes.

“La visión debe ser que la profesionalización no le debe costar a los maestros, si queremos una educación de calidad, esa es la importancia de la iniciativa”, finalizó.