En un comunicado, activistas recordaron que en el año 2019 se vivió en dos ocasiones el rechazo del matrimonio igualitario por parte del Congreso del Estado.
En dichas ocasiones, los legisladoras decidieron que el voto se emitiera a través de cédulas de votación, lo cual implicaba la secrecía y anonimato de las votaciones, dejando a la vista únicamente el resultado final.
“Es decir, el Congreso local votó sin transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía pueda conocer la forma en la que la están representando en los curules del recinto legislativo”, cita el boletín de prensa
De esta manera, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., Unasse A. C. y Article 19 para México y Centroamérica, presentaron dos amparos en contra de dicha votación secreta, por violar el derecho a la información, transparencia activa y participación política.
Uno de los amparos que llegó a la SCJN el pasado 18 de noviembre de 2020, se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien agendó el asunto para ser resuelto el próximo 7 de julio.
Para las organizaciones, este amparo es una oportunidad histórica para determinar que el proceso legislativo debe ser transparente, garantizando el acceso a la información pública de la sociedad sobre la manera como votan sus representantes populares.
Dicha obligación se refuerza cuando el Legislativo discute y vota normas que incidirán en el ejercicio de derechos humanos.
