El senador por el Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz, anunció las acciones legales que emprendió por el reemplacamiento que calificó el más caro del país, producto de una licitación “amañada” que comparó con otros estados de la República Mexicana como Nuevo León.

Sin embargo, los argumentos del legislador federal quedaron en entredicho luego que se pudo averiguar que fueron los propios diputados de su partido los que autorizaron en 2015, el precio de las placas, según consta en el diario de debates en poder Rompecabeza

En rueda de prensa, Ávila Ruiz anunció que presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) la denuncia correspondiente por presuntas irregularidades que se llevaron a cabo durante la licitación que favoreció a la  empresa Vitro Fomento Industrial S.A. de C.V.

Precisó que ante las supuestas irregularidades de la licitación pública número LIC-GEY-SSP-03/2016 también presentará un punto de acuerdo suscrito por nueve senadores y una legisladora federal en la Cámara Alta donde desnudará las supuestas anomalías.

“La convocatoria se hizo a modo para evitar la competencia de otros proveedores locales y nacionales, toda vez que el mismo día que se emitieron las bases, sólo se dieron seis horas para el cumplimiento de los requisitos, lo que hace sospechar que las únicas tres empresas que compitieron tenía información privilegiada”, especuló.

Remarco que en la licitación pública para el reemplacamiento vehicular 2017 existe la presunción de una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas y un grupo de funcionarios estatales directamente involucrados en los procesos de licitaciones, quienes actúan en impunidad.

Aseguró que tal situación constituye un perjuicio a la hacienda pública federal de cuando menos 66 millones de pesos y un sobre costos a los ciudadanos de Yucatán de 741 pesos, con lo cual el gobierno de la entidad obtiene ingresos por 55 millones 750 mil pesos.

Adelantó que durante los próximos días presentará más denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en la Procuraduría General de la Republica (PGR) contra los posibles actos delictuosos documentados en la investigación que realizó durante meses.

ORIGEN DEL AUMENTO

 Durante el encuentro con los medios de comunicación se le cuestionó al senador si los diputados locales de su partido no tenían responsabilidad alguna sobre el tema, toda vez la que aprobación de cualquier incremento en los impuestos y derechos que cobra el Poder Ejecutivo debe ser avalado por el Congreso local.

El senador contestó de manera tajante que sus compañeros de partido no tenían responsabilidad alguna, toda vez que los siete diputados del PAN habían votado en contra del reemplacamiento.

Sin embargo, de acuerdo con el diario de debates del Poder Legislativo con fecha 11 de diciembre del 2015, deja en evidencia la verdad a medias que respondió Ávila Ruiz toda vez que en esa fecha los 24 de los 25 legisladores del Congreso local avalaron el incremento en el costo de ese derecho, sólo la legisladora Jazmín Villanueva Moo, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en su momento emitió su voto en contra de la modificación del artículo 49, que habla de la dotación canje, reposición y baja de placas de circulación, lo cual abrió la puerta al cobro “excesivo” denunciado ahora por el senador panista.