Entrevistados por separado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), Víctor Hugo Lozano Poveda y el legislador del Partido Nueva Alianza (Panal), Crescencio Gutiérrez González, coincidieron en señalar que cualquier cambio que se le realice a la Ley de Isstey, debe priorizar el patrimonio de los y las trabajadoras.
Para el panista Lozano Poveda, es necesario esperar el análisis del equipo de expertos anunciada por el Ejecutivo estatal, para conocer la estrategia a seguir en torno a la reforma a esa institución.
“Hay que esperar que llegue la iniciativa, no podemos adelantar vísperas, sería muy irresponsable por parte de un servidor y de cualquier diputado, el poder adelantar víspera de algo, todavía no está en nuestras manos, todavía no tenemos conocimiento, para empezar a generar especulaciones, no se trata de cualquier cosa, se trata del patrimonio de familias de yucatecos y yucatecas”, advirtió.
Indicó que la discusión de la reforma al Isstey no debe politizarse, ni jugar con dicho tema en beneficio de intereses partidistas.
Asimismo, se pronunció para que las autoridades den seguimiento a las denuncias interpuestas contra exgobernadores como Rolando Zapata Bello e Ivonne Ortega Pacheco, a quienes grupos magisteriales y asociaciones civiles, los han responsabilizado de ser los culpables de la quiebra de esa institución.
Por su parte, el diputado del Panal estableció que cualquier reforma en torno a ley que rige a esa institución debe garantizar la seguridad social de los trabajadores que son sus derechohabientes.
“Hemos visto algunas manifestaciones de personal en activo y jubilado que están ante la incertidumbre de lo que las propias redes sociales les han estado difundiendo a una posible reforma a la ley del Isstey, valdría la pena que se difundiera hasta dónde estamos, en este momento no hemos recibido aún alguna iniciativa, solamente lo que hemos escuchado en las redes sociales”, dijo.
Consideró que es necesario abordar dicho tema desde una manera profunda, toda vez que se ha quedado desfasado con el paso de los años, al grado que los trabajadores jubilados o pensionados, son casi en igual número sobre los activos.
Finalmente, señaló que si existen pruebas sobre los culpables de un presunto desfalco a la institución, las autoridades correspondientes deben presentar pruebas al respecto.
