En su propuesta, Gómez Herrera expuso la importancia de garantizar una movilidad adecuada, que privilegie a las personas más que a los automotores.
“La asignación desproporcionada del espacio público para el uso de vehículos motorizados podría sugerir que muchas ciudades ya no están diseñadas para los seres humanos, sino para los automóviles, con la ciudadanía relegada a los márgenes”, dijo.
“Si bien garantizar el derecho a la ciudad es un paso muy importante, en este debe de incluirse la movilidad. La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que reconocer el derecho a la movilidad en la constitución del estado garantizaría que las personas sean el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia”, explicó.
El dictamen aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, contiene modificaciones al artículo 2 de la Constitución de Yucatán e indica que “el derecho a la ciudad permite garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social, la movilidad y la distribución equitativa de bienes públicos y la prestación de servicios públicos considerando la participación de la ciudadanía.
El Estado garantizará el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de los asentamientos humanos, fundado en principios de justicia social, democracia, participación ciudadana, igualdad, sostenibilidad, respeto a la diversidad en todas sus formas de expresión, a la naturaleza y al ambiente, conforme a la legislación aplicable”.
