Desde su perspectiva como trabajadora de base en el Poder Judicial de Yucatán, sostuvo que con estas aportaciones se están dando los primeros pasos para reconocer la labor que realizan todos los días los operadores judiciales de la entidad.
Fabiola Loeza, quien es trabajadora judicial desde años antes de obtener su curul en el Congreso del Estado, conoce de cerca las demandas y las condiciones laborales de sus compañeros, por lo que destacó que se haya incluido el Título Décimo Primero a la Reforma dedicado a la protección de los derechos de dichos servidores públicos.
Enfatizó que con las aportaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se garantizan los derechos laborales, la libertad sindical, y la protección en contra la discriminación sindical, evitando una afiliación obligatoria o un posible despido.
Además, se reconocen las representaciones sindicales del Poder Judicial, como organismos encargados de fomentar y defender los intereses de los servidores públicos, y se les brindarán las facilidades a sus representantes para cumplir con su labor sin que puedan ser despedidos por esta condición.
Otro punto fundamental es que se creará un nuevo modelo de solución de conflictos laborales entre el Poder Judicial y los trabajadores, por medio de un nuevo órgano independiente e imparcial, establecido a modo de que inspire confianza de las partes.
Explicó que se trata de la Comisión de Conflictos Laborales del Poder Judicial, en donde se privilegiará la mediación, la conciliación y el arbitraje para la solución de diferencias que pudieran lesionar los derechos de los operadores judiciales.
Fabiola Loeza de igual forma recalcó que se establecen los parámetros para la elaboración de las Condiciones Generales del Trabajo fijadas de común acuerdo entre el Poder Judicial y los sindicatos, mismas que serán revisadas cada dos años.
Asimismo, quedó garantizado que en el mes de septiembre de cada año se revisarán las prestaciones económicas y los salarios de los trabajadores.
Otra propuesta del PRI que se incluyó en el dictamen es que se implementará un sistema de carrera judicial que se regirá por los principios de excelencia, imparcialidad, independencia, objetividad, y profesionalismo, para que los trabajadores puedan crecer con el paso de los años y sus capacidades profesionales.
