En rueda de prensa, Patricia Olamendi Torres, promotora de dicha iniciativa a nivel federal, explicó que los tres supuestos que establece ese proyecto le ley, es que aquellas personas que tengan tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores alimenticios, acosadores sexuales o agresores en el ámbito familiar, no puedan aspirar a ningún cargo público ya sea por nombramiento directo (funcionarios) o bien, por elección en las urnas.
Acompañada de activistas locales como Rosa Cruz Pech y Ligia Vera Gamboa, la originaria del Estado de Puebla, argumentó que han logrado grandes avances con las y los diputados locales, por lo confió que dicha serie de reformas se concreten antes de que concluya el periodo ordinario el próximo 31 del presente mes.
Indicó que en caso de concretarse la aprobación en la entidad de la iniciativa que se promueve en todo el país, Yucatán se convertiría en el primer Estado en lograr una legislación de avanzada en materia de combate a las diferentes violencias que enfrentan principalmente las mujeres.
Ahondó que la reforma tendría un alcance constitucional, además de la modificación en otras leyes secundarias relacionadas con la función pública, así como al código electoral del Estado.
Finalmente, dijo que existe un gran ánimo entre los y las diputadas para que esta ley avance por lo que auguró que el producto legislativo que se concreta sea muy “bonito”.
