Mediante un comunicado de prensa, ese instituto político argumentó no hay razones que justifiquen la vulneración de los derechos más elementales para la dignidad humana, específicamente de las mujeres usuarias de dichas instalaciones. Cualquier medida de seguridad debe observar en primera instancia el respeto a los derechos.
“¿Desde cuándo se realizan estas grabaciones?¿quién o quiénes lo hicieron?¿quién o quiénes dieron la orden y por qué?¿qué destino ha tenido el material videograbado? Hay muchas preguntas que demandan respuestas y sobre todo, protección a las víctimas”, cita el boletín.
Por esta razón, con independencia de las medidas administrativas de suspensión al negocio, exigimos que las autoridades abran carpetas de investigación para identificar a los responsables de esta deleznable acción y se impongan las más severas sanciones.
“Esperamos que el hecho no se minimice ni se apueste al olvido. Por el contrario, se deben realizar inspecciones a todos los giros comerciales para que este tipo de situaciones no se repitan y se garantice la seguridad de las mujeres en Yucatán”, señala MC.
Finalmente, reiteraron su exigencia de justicia en torno a ese caso: “Ya basta de violencia contra las mujeres por el solo hecho de serlo”.
