El coordinador de la bancada priísta, Gaspar Quintal Parra, recalcó que con esta propuesta legislativa también se combatirá la explotación laboral, la trata de personas, el trabajo forzoso o la esclavitud de la que pueden ser víctimas los menores de edad.
Al hacer uso de la voz en la máxima tribuna, el diputado explicó que el trabajo realizado por niñas, niños y adolescentes afecta su bienestar, dificulta su desarrollo y en ocasiones les provoca daños físicos o psicológicos; además compromete su educación y limita sus oportunidades futuras, lo que conduce a círculos viciosos de pobreza por generaciones. Por tal razón, recalcó, su práctica constituye una flagrante violación de sus derechos humanos.
En ese sentido, señaló que su propuesta consiste en reformar el Código de la Administración Pública del Estado para que la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo no solo aplique políticas para combatir la explotación del trabajo infantil, sino que cuente con la atribución expresa de mantener una vigilancia y protección especiales, así como verificar que las labores que realizan los adolescentes no representen un peligro para su bienestar.
De esta manera, enfatizó, se evitarán tragedias como la de un niño de 14 años, quien perdió la vida hace unos días en un accidente cuando trabajaba con su padre en una obra de construcción en un fraccionamiento del poniente de Mérida.
“Las infancias deberían estar en la escuela estudiando, o en el parque jugando, no en una obra de construcción pensando en terminar una mezcla o levantar una pared para poder tener pan en la mesa el día de mañana. Él sólo quería apoyar a su familia a obtener esa calidad de vida que por limitantes de carácter económico les ha sido negada”, apuntó Gaspar Quintal.
Al recalcar que, de acuerdo con el Inegi, 19 mil 772 niñas, niños y adolescentes se ocupaban en actividades peligrosas en nuestro país, el legislador sostuvo que para el PRI es urgente prevenir, atender y sancionar aquellos casos en los que trabajan sin la edad mínima de quince años, o que laboran en condiciones que puedan perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental.
