En la reforma constitucional aprobada, en el que se expresa que los militares ayudarán en las labores de seguridad hasta el 2028, se incluyeron mecanismos para garantizar que el trabajo realizado por parte de esta institución sea transparente y objeto de rendición de cuentas y, principalmente, que se comience con un proceso de que los militares regresen a los cuarteles y a las tareas que realmente les compete, que es la protección de la soberanía nacional.
“Por primera vez se establecen controles, límites y plazos a las fuerzas armadas para que se vayan retirando de las calles. Esto es una ganancia totalmente para los ciudadanos y una oportunidad que no desperdiciamos en el Senado”, señaló.
Ramírez Marín recordó que, de acuerdo con especialistas en materia de seguridad, el 60 por ciento del territorio nacional tiene graves afectaciones por el crimen organizado, y los más conservadores advierten que el 35 por ciento está bajo el control de dichos delincuentes, de ahí la importancia de que las Fuerzas Armadas sigan apoyando a la Guardia Nacional y a los gobiernos de los estados.
“Esta tarea de los militares en políticas de seguridad es relativamente mucho más razonable a que se pongan a construir el parque de La Plancha o aeropuertos, o que tengan una aerolínea. El país no se va a militarizar con esta reforma, el país ya está militarizado desde el momento en que permitieron que hagan cosas que no les competen. Por eso, con este acuerdo, se ha iniciado el plazo para desmilitarizar al país”, apuntó.
Entre los puntos en los que Ramírez Marín solicitó se incluyan en el dictamen destaca que se creará una Comisión Bicameral conformada por diputados y senadores que tendrá como objeto vigilar el trabajo de las Fuerzas Armadas. Este órgano analizará sus informes semestrales con indicadores medibles y cuantificables sobre sus acciones en materia de seguridad, el avance de la consolidación de la Guardia Nacional como una fuerza civil y la profesionalización de las policías locales.
De estos informes, la Comisión emitirá una serie de conclusiones, mismas que serán transformadas en recomendación para que el Ejército lo acate. De igual forma se dará a conocer la situación de seguridad entidad por entidad, para ir decidiendo en qué lugares las fuerzas armadas podrán dejar de prestar los servicios de apoyo en materia de seguridad e ir retornando a sus cuarteles, así como a sus actividades contempladas en la Constitución.
Además, se creará un fondo especial de seguridad, el cual destinará el 25 por ciento de su presupuesto total a los estados que sí han cumplido en materia de seguridad y tengan estándares de bienestar, entre los que destaca Yucatán
“Actualmente, muchos puntos del territorio del país viven bajo el crimen, del crimen y por el crimen, eso lo vemos con normalidad. Ahora vamos a vivir bajo la ley y el control de las autoridades, jueces, fiscales y policías”, sostuvo el senador.
Dijo que el objetivo principal será fortalecer por igual a las policías locales y municipales para tener un sistema robusto y confiable que retome al 100 por ciento su responsabilidad en el tema de seguridad.
Por último, Ramírez Marín recalcó que, aunque haya voces de mentes chiquitas que lo critican, decidió votar a favor de esta reforma pensando en la ciudadanía que sí lo eligió en las elecciones del 2018, pues se tomaron en cuenta sus propuestas durante la interlocución que sostuvo con el Gobierno federal en la construcción de la reforma encaminada a desmilitarizar al país.
