De acuerdo con el documento en poder de este medio, el firmante como prestador de servicios es Fernando Sauri Campos, quien según lo indagado mediante redes sociales virtuales, cuenta con una patente como notario público número 12 con sede en la capital yucateca, por el Congreso estampó su rúbrica el secretario General, Adrián Abelardo Anguiano Aguilar.
En la primera cláusula del texto se puede leer que el prestador del servicio se obliga y compromete a dar “servicios de asesoría legal" por un monto de 150 mil pesos que serían erogados en diferentes pagos.
En su tercer apartado, el documento establece que el servicio del despacho se deberá prestar en las instalaciones del Poder Legislativo del Estado, ubicadas al Poniente de la capital yucateca por parte de personal de ese bufete.
También se indica en la cláusula cuarta del contrato que éste estaría en efecto el 17 de mayo del 2022 y terminar su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.
En el documento también se exime de toda responsabilidad laboral sobre el personal que el prestador de servicio utilice para las encomiendas que realizó dicho despacho y que a la fecha se desconocen, pues a pesar de utilizarse dinero del erario para el pago de tal asesoría, no se dio a conocer luego del momento de su firma.
Cabe señalar que la versión íntegra del texto se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
