Ambas sentencias fueron emitidas en los meses de enero y julio del año pasado, las cuales constan en los expedientes 853/2018 y 511/2019 en poder de Rompecabeza.mx, obtenidos mediante la Plataforma Nacional de Transparencia PNT.
El primero de los casos es el de una trabajadora del Instituto de Investigaciones Legislativas, quien demandó en el 2018, luego de ser despedido de manera injustificada de su trabajo donde ganaba un sueldo de 12 mil 632.55 quincenales.
De acuerdo con el expediente 853/2018 su cese fue a manos del entonces director administrativo del Poder Legislativo, Jordan Pérez Marfíl.
“Me manifestó estaba despedida, y sin mayor explicación ingreso al edificio, ocurriendo lo anterior en presencia de varias personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, cita el texto.
En el laudo también se pudo apreciar que la parte demandada no hizo nada por defenderse de los señalamientos del trabajador.
“La parte demandada no ofreció prueba alguna en el presente asunto, toda vez que no compareció a la audiencia de Conciliación y de Demanda, y Excepciones, Pruebas, Alegatos y Resolución de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, por lo que se le tuvo por perdidos sus derechos para ratificar pruebas que en su caso haya ofrecido”, establece el laudo.
En el documento se indica como sentencia la reinstalación de la trabajadora además del pago de un millón 863 mil 378.38 de pesos correspondientes salarios caídos, intereses de los mismos, aguinaldo, horas extras, prima vacacional y días festivos.
Segundo laudo
El segundo laudo fue emitido el 15 de julio del año pasado, donde condena al Congreso del Estado al pago de 797 mil 066.25 además de la reinstalación del trabajadora despedida.
De acuerdo al expediente 511/2019 al igual que en el anterior caso, la empleada del Congreso local laboraba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Según lo expuesto en la sentencia ocurrió el 17 de junio del 2019, a manos de Sergio Alberto Martínez Cachín.
Durante el juicio, el Congreso del Estado tampoco compareció a las audiencias ante el Tribunal por lo que el juzgador dio como un hecho los argumentos presentados por el abogado de la trabajadora despedida.
Finalmente, en la sentencia establece el pago de 797 mil 066.25 pesos correspondientes a salarios caídos, intereses generados del no pago de la liquidación de ley, aguinaldo, vacaciones, días festivos y prima vacacional, además de la reinstalación en su puesto de trabajo.
