La diputada federal por Yucatán del Partido Verde Ecologista de México, Federica Quijano Tapia presentó un Punto de Acuerdo que fue aprobado por la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados, por el cual se exhorta al Congreso de Yucatán, a legislar para dar certeza jurídica al funcionamiento y operación del Caimede.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión también pide al Congreso de Yucatán destinar recursos suficientes para el adecuado funcionamiento del Caimede.
Con esta acción propuesta por la legisladora por Yucatán se busca garantizar el respeto pleno de los derechos de los menores que se encuentran albergados en el Caimede, que han sufrido violencia sin que nadie intervenga.
Federica Quijano planteó que de acuerdo con el Informe de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán se observa que este centro cuenta con población por encima de su capacidad instalada, lo que demerita en la calidad de vida de los albergados.
“La edad máxima de los menores para permanecer en el albergue es de 18 años, sin embargo, cuentan con 12 mujeres y 13 hombres mayores de dicha edad”, subrayó la diputada del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Expuso que se pudo observar en los registros y documentos presentados, así como en las entrevistas realizadas, que los únicos criterios de ubicación con los que cuentan son según su edad y sexo.
Algunos medios de comunicación han señalado que “el Caimede es el segundo infierno de niños que se trasladan de un clima de violencia intrafamiliar para caer en la suerte de un espacio alejado de la primicia de salvaguardar la integridad de pequeños agredidos”.
Ante este panorama la diputada propuso un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Yucatán, a legislar para dar certeza jurídica al funcionamiento y operación del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo.
La legisladora federal puntualizó que las niñas, niños y adolescentes son una población sumamente vulnerable debido a que se encuentran en proceso de formación, autonomía e independencia, por ello, son susceptibles de ser vulnerados sus derechos.
Por ello, señaló, a través de instrumentos internacionales, se ha buscado que cada estado realice lo propio para la protección de las infancias y las juventudes.
Con este Punto de Acuerdo también se exhorta a las y los titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas, a realizar las acciones necesarias para fortalecer las políticas públicas para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social.
