Esta reforma establece que quienes hayan incurrido en violencia doméstica, sexual, política o económica, por razón de género o sean deudores alimentarios morosos, no podrán acceder a candidaturas a puestos de elección popular.
Yucatán se convirtió en uno de los primeros 17 estados en ratificar la reforma a nivel nacional, aunque en el terreno local dicha ley es una realidad desde el año pasado.
Al respecto, Vida Gómez Herrera destacó la importancia de vigilar su cumplimiento, porque “aunque tenga la mejor redacción, si no se aplica, es letra muerta".
Cabe recordar que la legisladora naranja fue una de las impulsoras de la reforma en nuestro Estado, al igual que destacadas activistas y defensoras de derechos humanos.
Durante la votación del dictamen, Gómez Herrera recordó que “Yucatán hizo historia al ser el primer Estado en poner como requisitos de elegibilidad para cargos públicos, la #3de3 contra la violencia".
Incluso, explicó, "este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma, anteponiendo el derecho de las infancias a recibir alimentos, por sobre el derecho de los deudores morosos a ocupar cargos públicos".
También hizo un llamado para el cumplimiento de la ley en la Entidad, pues “es necesario que exhortemos a las autoridades a planear su correcta implementación, por eso, además de ratificar esta iniciativa a nivel nacional, la pregunta es ¿cómo se garantizará en Yucatán que ninguna persona que aspire a una candidatura tenga antecedentes de violencia de género, o sea deudor moroso de pensión alimenticia?"
Señaló que Movimiento Ciudadano, empezó a diseñar estrategias, y además, en la glosa pasada, como representante ciudadana cuestionó a las representantes del Ejecutivo los mecanismos para implementar la #3de3 contra la violencia en el gobierno, a partir de los nombramientos posteriores a la aprobación de esta reforma.
