La diputada Gabriela González Ojeda, señaló que respecto a dichos trabajos el gobierno del estado puede tener la intención y buena voluntad, pero legalmente no puede realizar obra pública en un área federal ni convocar a la licitación de una obra dentro de un puerto a cargo de la Secretaría de Marina, si no cuenta con una cesión parcial de derechos.
“Sin el contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, nada de lo que ha hecho y dicho el Ejecutivo estatal respecto a este proyecto, tiene fundamento legal”, destacó la Legisladora.
Por tal razón, a efecto de tomar la mejor decisión en cuanto al royecto de Modernización del Puerto de Altura de Progreso, se solicitó que el gobierno estatal muestre el contrato de cesión de derechos y obligaciones por parte del federal.
Solo de esa forma se tendrá elementos de criterio en la valoración de la propuesta del Ejecutivo yucateco de modificar la Constitución Política del Estado y el Código de la Administración Pública, así como expedir la Ley de la Operadora Energética y Marítima de Yucatán, sociedad Anónima de Capital Variable de Participación Estatal Mayoritaria, dijo.
Puntualizó que “solamente un convenio de colaboración, de entrada no es vinculante, y además, su contenido recalca que las obras dentro del puerto, le corresponden a la ASIPONA de Progreso y no al gobierno estatal”.
Explicó que en sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, en lugar de la documentación solicitada, el Ejecutivo envió dos convenios de colaboración: uno con la Secretaría de Marina y otro con la Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso S.A. de C.V.
“El martes pasado solicité al gobierno del Estado el contrato de cesión parcial y hasta este momento el Congreso no conoce dicho documento, ni tenemos certeza de su existencia”, puntualizó.
