En rueda de prensa en conocido hotel de la capital yucateca, el también diputado federal con licencia, acusó a candidato a la gubernatura por el PAN, Mauricio Vila Dosal, de participar en este supuesto fraude cuando fue alcalde de Mérida, pues afirmó que existe colusión entre candidatos afiliados panistas "para tener contratos", es decir, "obtienen ventajas sobre otras empresas en las cuales reciben hasta candidaturas".
Según Castro Vázquez, Luis Manuel Hernández Manzanilla, candidato a la alcaldía de Mama, Jorge Wilberth González Cruz, aspirante a diputado por el XV distrito local y Édgar Lizama Camacho, candidato a alcalde de Dzilam González, todos emanados del blanquiazul, aparecen como proveedores de servicios de mantenimiento a parques y reparación de calles de la comuna meridana, durante la administración de Vila, según "investigaciones" que realizó.
Documentos proporcionados por Rogerio Castro señalan que en el caso de Manuel Hernández, éste fungió como jefe de administración interna de la Dirección de Obras Públicas de la Comuna hasta 2015, aunque se retiró del cargo y se habría dedicado a prestar servicios al municipio, que le habría pagado un millón 435 mil 513 pesos, monto que, según los denunciantes, no fue reportado por el Ayuntamiento, lo que habría sido detectado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), en la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2017.
A su vez, Edgar Lizama mantiene un contrato vigente hasta agosto de este año con el Ayuntamiento, en el que prestaría servicios de mantenimiento de parques a cambio de un pago por 4 millones, 801 mil 656 pesos, de los cuales ya habría recibido 3 millones 333 mil 878, según el portal de proveedores del municipio, documento que también fue proporcionado por el denunciante.
También, la empresa Procima y Construcciones SA de CV, de la que Wilberth González es socio, mantuvo un contrato con la Comuna para obra pública por el que recibió 7 millones 515 mil 916 pesos en 2016.
Según quien denuncia, no hay certeza de si estos cumplieron o no con sus encomiendas, además de que observó que estas personas habrían recibido el beneficio de la proveeduría por encima de empresas verdaderamente constituidas, pues también se les acusa de no contar con instalaciones adecuadas y personal para laboral por lo que cobraron.
También aseguró que en dos casos, el domicilio fiscal de las empresas son predios que fungen como casas habitación, además de que su único cliente es el Ayuntamiento de Mérida.
"Eso es lo que debe estar investigando la Auditoría Superior del Estado y eso es lo que yo le invito (a la Auditoría) a dar a conocer. Si la Auditoría nos da a conocer sus observaciones y sus conclusiones, ahí podemos determinar si están cumpliendo o no”, expresó.
De corroborarse el hecho, Rogerio Castro afirmó que la ASEY debería notificar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), de modo que esta pueda determinar si están utilizando recursos públicos para el financiamiento de las campañas de los denunciados. (ACOM)
