En la comisión de Igualdad de Género aprobaron por unanimidad, el dictamen para expedir la Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado.
Sobre el tema de las organizaciones civiles, Celia Rivas Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que la nueva ley brindará un instrumento jurídico actualizado para garantizar la intervención de la sociedad civil como actor social en el quehacer público estatal.
“Una sociedad con organizaciones civiles que participen, es una sociedad mucho más fuerte, en este dictamen se valoran a su vez las diversas actividades que desarrollan para la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía, en las áreas de asistencia y desarrollo social, medio ambiente o derechos humanos, entre otros”, recalcó.
Detalló que en Yucatán se cuenta con más de 600 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales más de 60 se dedican a actividades sociales, por lo que este producto legislativo estimula y facilita la participación ciudadana de estas asociaciones al constituir un Registro Estatal de las mismas, así como la Comisión de Fomento a las Actividades de dichas organizaciones y el Consejo Técnico Consultivo respectivo.
En torno al tema, agregó que la Secretaría de Desarrollo Social estatal determinará, previa convocatoria y consulta, las organizaciones que integrarán dicha comisión y el Consejo Técnico.
También, dijo que la Sedesol y los Ayuntamientos podrán celebrar convenios de coordinación con la Federación y los gobiernos de otros estados y municipios para fomentar las actividades de las organizaciones.
“El dictamen contiene un transitorio para que la ley entre en vigor el primero de agosto del año en curso, después de su publicación en el Diario Oficial del Estado, así como un término de 180 días para que el Poder Ejecutivo emita la disposición reglamentaria de esta nueva ley”, abundó.
LEY DE VIDEOVIGILANCIA
En la comisión de Justicia y Seguridad Pública se distribuyó la iniciativa para expedir la Ley de Videovigilancia del Estado, modificar las leyes de Desarrollos Inmobiliarios y del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para lo cual se solicitó la elaboración de una ficha técnica y un cuadro comparativo.
De acuerdo con lo expuesto en la ley que se analizaría las empresas privadas podrían solicitar al Gobierno del Estado que sus cámaras formen parte de esa red, con el objetivo de apoyar en la investigación de hechos delictivos.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo estatal hace una semana y entre los motivos para ello, se explica que de acuerdo al IV Informe de Gobierno, entre el 2015 y el 2016 habían 642 cámaras en Yucatán, mismas que requirieron una inversión de 145 millones de pesos y de las cuales 522 ya habían sido instaladas.
Además, en el documento con la propuesta se detalló que por el crecimiento demográfico, el problema de inseguridad en el país y la mayor presencia de cámaras de videovigilancia, así como la próxima instalación de muchas más, es necesario regular la legislación al respecto.
La propuesta del Ejecutivo estatal consta de 52 artículos divididos en 11 capítulos, los cuales establecen que los ciudadanos tienen derecho a ser informados acerca de los lugares donde habrá videovigilancia, recibir información accesible para ejercer sus derechos a la intimidad y protección de datos personales y solicitar el acceso a las grabaciones en las que aseguren o en las que razonablemente consideren que existen datos sobre alguna afectación que hayan sufrido.
En la jornada de este miércoles, también se aprobó la convocatoria para elegir a dos consejeros consultivos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) en la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia.
Referente a la elección de consejeros del Inaip, se invita mediante consulta pública a instituciones académicas, de investigación, asociaciones, colegios de profesionales y sociedad en general, para que propongan candidatos, para lo cual contarán con 15 días naturales para este registro, una vez que se publique la convocatoria en los medios de comunicación impresos.
