En rueda de prensa realizada la mañana de este viernes, en conocido hotel de la capital yucateca, la investigadora Gina Villagómez Valdés, integrante de la Red, anunció que sin esperar a los resultados oficiales de los comicios “ya se sabe que los yucatecos y yucatecas tendrán un presidente y gobernador varones y que la mayoría de la población también estará gobernada por legisladores y presidentes municipales hombres.
“Lo que demuestra una simulación por parte de los partidos políticos en el cumplimiento de la paridad sustantiva a pesar de haber inscrito igual número de candidatas y candidatos”, enfatizó.
Después de realizar un análisis de los registros de candidatos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) en los 25 municipios más importantes de la entidad, de acuerdo con su número de población y asignación de recursos, el 80 por ciento de las candidaturas de los dos principales partidos fueron asignados a varones, expuso.
Mientras en los 25 municipios más pequeños, con menores recursos y alto grado de marginación y etnicidad, fueron asignados a hombres y mujeres casi por igual, “pero se aseguraron de ubicar a los varones en municipios con alto grado de competitividad determinado por la elección de 2015 y establecida como bloque de municipios ganadores por parte del Iepac”.
Ya en el campo, relató la activista, la Red registró que hay tres etapas de la violencia política en las mujeres. La primera fase es cuando son precandidatas y la batalla se da en sus partidos.
“Ahí, dentro de sus partidos, se observó una lucha feroz, donde gran parte de las aspirantes fueron desplazadas por los acuerdos cupulares de sus partidos, donde pusieron a mujeres muy cercanas a las redes de poder y cacicazgos. En caso de que no pudieran tener mujeres por la paridad, porque tuvieron que cumplir con la paridad, lo que hicieron fue poner a los hombres del poder por los partidos de coalición. Esto es, pusieron a mujeres para que perdieron y a los hombres fuerte de su coalición los pusieron a través de los partidos, llamados, pequeños”, explicó Gina Villagómez.
Ningún partido estuvo exento de cometer esos atropellos contra las mujeres. Incluso, se hizo un llamado a las autoridades electorales, que fueron calificadas de omisas y a los partidos políticos de cómplices.
“Las autoridades electorales no salieron a capacitarlas en el interior del Estado. No salieron a sensibilizar a la población. Se dedicaron a hacer el protocolo y observatorio local y, después, desarrollar un software que posteriormente recibiría las denuncias”, describió.
Las mismas víctimas externaron que no denunciaron porque no se daban cuenta de su condición y argumentaron: “no voy a caer en la provocación” por lo que permitieron otros tipos de violencia.
Por su parte, la especialista Gabriela Pérez Rodríguez que al no haber una sanción, se buscará que se aplique por otras vías; sin embargo, el principal problema está en las candidatas, quienes se niegan a denunciar los atropellos por temor a perder las prerrogativas de sus partidos.
Lo siguiente fase, será monitorear a las mujeres que consiguieron ganar para que reciban un acompañamiento, siempre y cuando ellas lo permitan. (IFP)
