Por unanimidad de votos fue aprobada en la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, el dictamen para reformar la Ley de Prestación de Servicios de Seguridad Privada del Estado, durante la sesión de ese organismo celebrada este viernes, en la Sala de Comisiones “Abogada Antonia Jiménez Trava” del recinto del Poder Legislativo.

Durante la sesión, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y vocal de ese organismo del Congreso local, Celia María Rivas Rodríguez, comentó que el objetivo de los cambios legales aprobados es modernizar el marco normativo de quienes prestan ese servicio.

“Se destaca la importancia que tiene la labor de los cuerpos de seguridad privada para preservar el ambiente y la seguridad de todos los que vivimos en Yucatán. Ellos son los primeros en responder al ser encargados de vigilar de manera directa las plazas y los centros comerciales, supermercados, estacionamientos, cines entre otros lugares donde a diario asisten un gran número de familias”, precisó.

Expuso que gracias al ambiente de paz y tranquilidad con la que se goza en el estado, miles de familias tienen la confianza de acudir a centros de reunión y plazas públicas por lo que al legislar en esa materia de complementa el trabajo de las fuerzas estatales.

“Es imprescindible que los sitios que visitamos cuenten con el personal de seguridad, capacitado y con el perfil idóneo para hacer frente de manera eficaz a cualquier eventualidad que pueda presentarse”, dijo.

Detalló que el dictamen que fue avalado se determina que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sea la encargada de dar seguimiento a las empresas que prestan servicios de vigilancia y custodia desde la iniciativa privada.

“Asimismo, se propone incluir la obligación para las empresas que prestan el servicio de seguridad privada, de contar con un mínimo de empleados, así como el material y equipo necesario para prestar estos servicios”, indicó.

Durante la discusión, el vicepresidente de la Comisión, el panista Moisés Briseño, solicitó que las sanciones realizadas a las empresas que prestan servicios de seguridad pública sean publicadas en el Diario Oficial, en al menos dos periódicos de circulación estatal, además, en la página de internet de la SSP.