Hasta la tribuna más alta del estado llegó el feminicidio de Feliciana H. ocurrido en la comisaría meridana de Komchén el pasado domingo, el cual fue condenado por los diputados los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), Elizabeth Gamboa Solís y Elías Lixa Abimerhi, respectivamente quienes coincidieron en urgir al gobierno del estado para que cumpla las recomendaciones realizadas por la Federación tras la solicitud de Alerta de Género por parte de organizaciones civiles.

Durante la sesión, los legisladores locales también avalaron reformas legales que reglamentan a las compañías de seguridad privada, mediante las cuales modernizar el marco normativo de quienes prestan este servicio y con ello se garantice una coordinación estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Al tomar la palabra en Asuntos Generales, la priista Gamboa Solís aseguró que el tema de los feminicidios no debe ser “secuestrado” por ningún grupo o partido político, toda vez que es una situación de la incumbencia de todos los yucatecos.

Gamboa Solís se pronunció sobre el asesinato de la mujer en Komchén, para exigir que se investigue el caso aplicando los protocolos de feminicidio porque no se debe permitir que ante eventos de esta naturaleza se considere como un crimen pasional.

“Tenemos conocimiento que la Secretaría de Gobierno aceptó las observaciones en la materia y ha presentado un cronograma de trabajo en un plazo de seis meses para erradicar las condiciones que permitan estos lamentables hechos, seamos claros al respecto, este tema nos compete a todos, sociedad y gobierno, es un asunto que nos duele y afecta a todos”, determinó.

También en tribuna, Lixa Abimerhi se sumó a las consideraciones de la legisladora priista que representa el sentir del Congreso del Estado ante un hecho lastimoso que requiere de acciones inmediatas pero aludió que el Poder Legislativo también está involucrado en dichas recomendaciones sobre el feminicidio y su fracción parlamentaria se manifestó lista para realizar las adecuaciones pertinentes.

Sobre el tema de seguridad privada, Verónica Camino Farjat, del PRI, recordó que muchas veces los guardias de estas empresas son los primeros que tienen contacto, conocimiento y la encomienda de brindar auxilio en caso de emergencias, delitos o crímenes en lugares como plazas comerciales, supermercados, cines, entre otros; por lo que la importancia de este dictamen están plasmadas en las actualizaciones a la ley para que se preste de mejor manera este servicio, a través de la coordinación entre autoridades estatales y estas empresas.

“Estableciendo mejores mecanismos para garantizar que quienes realizan esta labor tengan un grado de confiabilidad, así como la capacitación necesaria para responder, misma que será supervisada por la SSP, además de precisar que deberán contar como mínimo con educación básica con la obligación de estudiar para finalizar su educación media superior o equivalente”, detalló.

En el mismo sentido, Moisés Rodríguez Briceño, del PAN, indicó que las reformas tienen el objetivo de garantizar la seguridad de los yucatecos, por lo que es de vital importancia regular las actividades de estas empresas para salvaguardar la integridad, además de que en la ley se encuentran establecidas las sanciones que van desde la amonestación pública, la suspensión de registro o clausura de las empresas.

“Esto no los exime que en algún momento puedan abusar de su cargo ya sea por acción, omisión o negligencia, será la SSP la encargada de aplicar dichas sanciones, que se les deberá dar la difusión pertinente en el Diario Oficial del Estado, en dos de los periódicos de mayor circulación estatal, así como en la página de internet de la SSP, identificando al infractor, el tipo de infracción y el número de registro de la empresa", explicó.

El Pleno del Congreso también aprobó el dictamen que valida a los candidatos que buscan ocupar los cargos de titular de la Unidad de Control Interno de dos organismos: para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) son Ramón Palmero Brito, Saydi Llanes Méndez, Fernando Torres Ortegón y Carlos Heredia Ancona; además que para el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) son Raúl Vallado Fernández, Frida Martín Quiñones, Arianne Garrido Aguilar y Luis Magaña Moguel.