Los diputados locales volvieron sesionar para dar entrada a cuatro iniciativas de diferentes fuerzas políticas, además para dar segunda lectura a la propuesta de acuerdo del diputado perredista, Alejandro Cuevas Mena, para que el Congreso local se adhiera a una propuesta emitida por el legislador federal, Ricardo Gallardo Cardona, para que el salario mínimo se fije en 176 pesos a nivel nacional.
La primera iniciativa en ingresar fue la presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) que regula el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, toda vez que incluye también cambios a la Carta Magna del estado
Asimismo, se turnó la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado y adiciona el artículo 25 bis al Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, propuesta por el PRD; además de otra para adicionar un inciso a la fracción XIII del artículo 43 de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, suscrita por la fracción del PAN; y una más, que reforma el artículo 65 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado, presentada por la diputada Kathia Bolio Pinelo.
A la misma comisión se envió la iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado, de la Ley de Partidos Políticos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de la Ley Orgánica del Poder Judicial, signada por las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), Kathia Bolio Pinelo, Rosa Díaz Lizama y Paulina Viana Gómez.
En la sesión ordinaria de este martes, también se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa que modifica la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), en relación a los requisitos para ser titular de la dependencia, presentada por el Ejecutivo estatal.
Sobre el mismo tema, la diputada Rosa Díaz Lizama, del PAN, presentó otra iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos a la misma norma, que entre otras cosas propone que, además de una licenciatura, la cual no precisamente tendría que recaer en derecho, el titular de dicho instituto tenga conocimientos en las ramas registral, patrimonial o catastral, así como la experiencia en el ejercicio de cargos en la administración pública.
Las siete fuerzas políticas de la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad, la ratificación de Lizbeth Beatriz Basto Avilés, como titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado, órgano responsable del control interno del Poder Ejecutivo, propuesta por el gobernador yucateco, Mauricio Vila Dosal.
El presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que solicitó al Ejecutivo estatal la información y documentación necesaria para conocer si la propuesta cumplía con lo requerido en el artículo 26 del Código de Administración Pública de Yucatán (CAPY), misma que fue entregada en días pasados por el consejero jurídico estatal y distribuida a los 25 diputados, con lo que se dio cumplimiento con lo establecido por la ley.
Además, la LXII Legislatura avaló por unanimidad, el Punto de Acuerdo por el cual, el Congreso de Yucatán se adhiere al respectivo presentado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), a fijar un salario mínimo de 176 pesos con 72 centavos a escala nacional y no exclusivamente en los estados fronterizos del norte del país, a partir de enero de 2019, a fin de garantizar a todos los trabajadores mexicanos una vida digna.
En Asuntos Generales, Luis Aguilar Castillo, del Partido Nueva Alianza (Panal) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Registro Civil, a fin de que sean gratuitas las actas de nacimiento para trámites educativos, que lleve consigo la leyenda “certificación gratuita válida para trámites escolares”, que genera un cambio legislativo, que parece pequeño, pero será de gran ayuda para las familias.