Una delegación de consejeros de la Judicatura, encabezada por Méndez Fernández, arribó para demandar que se cumpla con lo que dicta la constitución del estado en su artículo 64, lo cual significaría un presupuesto superior a las 700 millones de pesos para el Poder Judicial.
“Vinimos a hablar con la Comisión de Presupuesto y también con todo el Congreso para gestionar que cumplan con la constitución del estado que en el artículo 64 dice que el Poder Judicial tiene derecho a un 2 por ciento del gasto programable del estado, no hemos alcanzado en el presupuesto de ningún año anterior ese dos por ciento”, dijo.
Advirtió que el mismo artículo establece un irreductible para el Poder Judicial el cual establece que no se le puede asignar una cantidad mejor a la ejercida durante el año anterior.
“Nosotros nos estamos haciendo cargo del control de los conflictos sociales, le están dando mucho dinero a la SSP y es correcto, pero una vez que esos conflictos ya elevaron su nivel pasan al Poder Judicial que donde el control de los conflictos sociales se pueden detener, los familiares, los mercantiles, los penales, los civiles, los de ejecución, está todo lo de mediación que manejamos, las órdenes de protección”, sostuvo.
Advirtió que en caso no de fortalecerse mediante recursos a ese poder del estado “entonces la gente podría hacerse justicia por su propia mano”.
“No nos están reconociendo la totalidad de los ingresos que tuvimos el año pasado, nos están dando 540 millones y nosotros recibimos 590 millones, no están poniendo la inflación tampoco, entonces nosotros trabajaremos con eso”, apuntó.
Indicó que durante años, el Poder Judicial se ha visto sujeto a programas de austeridad, sin embargo, la carga tan solo la mediación le significa una carga superior a los 20 mil casos anuales.
Al final, Méndez Fernández informó que no hubo oportunidad de sostener una reunión con los legisladores locales, toda vez que sólo sostuvo una charla con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, Víctor Merari Roca Sánchez, quien no hizo compromiso alguno con los integrantes del Poder Judicial.
