De conformidad con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y en razón de que el plazo contemplado en el Reglamento de Elecciones referente a la solicitud de registro de convenio de coalición (hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas) es acorde al criterio tomado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Consejo General aprobó el ajuste señalado en la Ley Local y contenido en el Calendario Electoral emitido previamente.
Los partidos políticos que busquen coaligarse deberán presentar en el plazo señalado la solicitud de registro al presidente de este Instituto o en su caso al Secretario Ejecutivo del Iepac Yucatán.
Durante la Sesión Ordinaria realizada esta tarde, el Consejo General aprobó la designación de los servidores públicos incorporados al Servicio Profesional Electoral Nacional que ganaron el Concurso Público 2017, con base en los cargos y puestos concursados establecidos en el Catálogo de cargos y puestos del SPEN de este Instituto.
El personal adscrito al SPEN deberá tomar posesión el 1 de noviembre en las direcciones de Organización Electoral y Participación Ciudadana, así como de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
En respuesta a inquietud de partidos políticos por presuntos actos anticipados de campaña en la entidad, en Asuntos Generales las y los consejeros electorales coincidieron en señalar que el Iepac actuará en el marco de la Ley, en todo lo que le compete como obligación e informará a la ciudadanía qué sucede con las denuncias y quejas, a fin de que el proceso electoral se dé en las condiciones que todos deseamos.
Se destacó que el Instituto, en el marco de las atribuciones que le confiere la Ley, realizó Oficialías Electorales para dar fe de casos señalados, para integrar expedientes que pudieran utilizarse al momento del registro de candidaturas.
Asimismo, se mencionó que luego de ser valorada se turnó al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) la denuncia presentada por un ciudadano, ya que por normatividad es ése órgano el encargado de resolver al respecto.
Se señaló que, en algunos casos, las denuncias no proceden porque las pruebas que se presentan carecen de sustento legal para dar fe plena de algún ilícito, y esto sucede incluso cuando algunos de los que las interponen conocen sobre lo necesario para que estén verdaderamente fundamentadas.
Se pidió dejar de lado los simulacros y elevar el nivel de la contienda jurídica para presentar las quejas y denuncias con la solidez debida, pues de lo contrario se daría un mensaje equivocado a la ciudadanía, lo cual no beneficia al fortalecimiento de la democracia en la entidad.
A los actores políticos se les llamó a que convoquen a sus dirigentes, militantes y cuadros a ceñirse a las normas y a la ciudadanía en general a informarse y coadyuvar con el Instituto para denunciar todo aquello que consideren una mala práctica con las pruebas debidas y por las vías institucionales.
En caso de ser testigos de alguna acción que pudiera configurar una violación a la norma se les exhortó a dar aviso al Instituto para acudir al lugar de los hechos y realizar las oficialías electorales que permitan levantar actas que pudieran ser utilizadas para procedimientos posteriores.
