Como hemos informado, la semana pasada, ese organismo aprobó un par de dictámenes, el primero para que la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia se le añadiera la palabra Anticorrupción a su nombre oficial, además de ajustes a la ley para los trabajadores al servicio del estado y sus municipios que acotaban los juicios laborales un tiempo no mayor a un año.
En la sesión de este miércoles, solo el dictamen referente a la nomenclatura del nombre de la Comisión de la Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, fue aprobado por 23 diputados, toda vez que faltaron a la plenaria las diputadas Janice Escobedo Pérez y Silvia López Escoffié, ésta última suma ya suma cuatro faltas desde que tomó posesión como legisladora.
En la discusión, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Karla Franco Lugo, habló del intenso trabajo que han realizado en ese organismo para ir sacando iniciativas que se encontraban en espera de ser dictaminabas.
Resaltó que ante la nueva realidad política representada en el Poder Legislativo, es necesario adecuar los instrumentos legales que rigen la vida interna del Congreso del Estado, con el objeto de fortalecer una normatividad jurídica que permita el eficaz cumplimiento de las funciones de los integrantes de este órgano legislativo.
“Convencidos que este cambio es benéfico para la dinámica de trabajo de este Poder Legislativo, ya que ubica un tema de gran relevancia para la sociedad dentro de una comisión que, ya tiene atribuciones relacionadas con transparencia, vigilancia de la cuenta pública y ahora también podrá conocer de asuntos relacionados con la prevención de hechos de corrupción”, estableció.
DICTAMEN EN ESPERA
A pesar de estar ya listo para ser votado en la plenaria, las modificaciones legales que ponían fin a largos juicios laborales que actualmente tienen al borde de la quiebra a varios municipios, el asunto no fue incluido en la orden del día por causas no determinadas, sin embargo, a la plenaria se presentó Jervis García Vázquez, líder del Stspeidy a presentar un documento donde solicita que se le dé marcha atrás al dictamen y se quejó de no haber sido tomado en cuenta por los legisladores.
En entrevista, García Vázquez señaló que entregaron un documento dirigido al Congreso del Estado donde propone que el trabajador que sea despedido de manera injustificada pueda ser indemnizado hasta con 24 meses de sus percepciones salariales.
Aseguró que dicha solicitud no se contrapone a otras disposiciones legales a pesar de que lo aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales fue una adecuación de la Ley Federal del Trabajo que establece que ningún juicio laboral puede extenderse más de 12 meses.
