En Asuntos Generales, las diputadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), Rosa Adriana Díaz Lizama y Milagros Romeros Bastarrachea, respectivamente, presentaron un par de puntos de acuerdo donde hacen un llamado al gobierno federal a no recortar los recursos para el programa de estancias infantiles debido a que es sumamente importante.
Al hacer uso de la palabra, Romero Bastarrachea presentó un proyecto de acuerdo, admitido por mayoría, para que el Congreso del Estado exhorte respetuosamente a la Secretaría del Bienestar del gobierno federal a definir mecanismos que permitan garantizar el pleno y equitativo ejercicio de los derechos de los niños bajo los cuidados del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras.
Asimismo, propuso que el Congreso local exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno federal a reasignar recursos que permitan a dicho programa a contar con un monto presupuestal igual al del ejercicio fiscal 2018.
“Exhortar a las secretarías del Bienestar y Salud a emitir reglas de operación para el ejercicio 2019 del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras que garanticen un servicio en condiciones de legalidad, calidad, transparencia, seguridad, equidad y correcto uso de los recursos”, dijo.
Por su parte, Díaz Lizama presentó otro proyecto de acuerdo, también admitido por mayoría, para que el Congreso de Yucatán exhorte al Congreso de la Unión para que dentro de sus facultades revise las reglas de operación de los programas sociales, específicamente del Programa de Estancias Infantiles, así como la correcta aplicación de los mismos.
En respuesta, el diputado Miguel Candila Noh, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), indicó que no se les está cortando recursos a las estancias infantiles, sino que se le está otorgando a las familias para que ellas puedan pagar el lugar que consideren que pueda ser más seguro para sus hijos para más control, porque se encontraron irregularidades en el manejo de estos planteles.
Ante ello, Manuel Díaz Suárez, del PAN, señaló que el espíritu del mencionado programa es responder a una dinámica familiar, con padre y madre que trabajan, por lo que sería un retroceso eliminar este recurso, de existir corrupción en el tema, que se investigue a las personas y se sancione.
Luis Loeza Pacheco, de Morena, aseveró que es falso que haya una afectación en las guarderías, porque se sostiene por dos vías: para gastos operativos y la aportación de 950 pesos por niños, por lo que es el segundo caso lo que se recorta por corrupción.
APRUEBAN DICTÁMENES
Al inicio de la sesión las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad, reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán para garantizar el pago de laudos laborales a empleados despedidos, así como regresar atribuciones a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública para fortalecer sus facultades a favor de una mejor transparencia de los recursos públicos.
Referente al dictamen para modificar la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, en materia de salarios caídos, Karla Franco Blanco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que se establece un equilibrio para conservar los derechos de los trabajadores pero al mismo tiempo, permite el ejercicio del servicio público de las entidades públicas estatales y municipales, para que finalmente se armonice con la norma federal, “rompiendo paradigmas y principios en materia laboral”.
Sobre las reformas a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y el Reglamento Interior de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior, Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), impulsor de la iniciativa, indicó que se incorpora formalmente esta Unidad a la estructura del Congreso local, se establecen plazos que actualmente no existen ofreciendo mayor certeza jurídica, se definen los límites y alcances de su organización interna.
“No menos importante es que las convocatorias, multas y auditorías serán aprobadas por la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción que propondrá al Pleno los dictámenes y éstos deberán ser discutidos y votados por los 25 diputados de este Congreso y que este órgano legislativo no manejará ningún recurso económico ni decidirá quiénes ocuparán los espacios laborales”, recalcó.
