En un comunicado, ese organismo empresarial manifestó su rechazo por acciones como el pago de carteleras espectaculares en diferentes puntos de la ciudad; el reparto de volantes y de cartas en múltiples domicilios particulares; la inserción de boletines pagados en medios de comunicación, entre otras muchas prácticas disfrazadas de comunicación social o de información.
En el documento se establece que tales estrategias están claramente están encaminadas a su promoción, posicionamiento y beneficio personal para sacar ventaja del resto de quienes en su caso y llegado el momento podrían ser sus competidores en la contienda electoral.
Recordaron que el pasado 11 de septiembre, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac), reunido en sesión, aprobó el calendario electoral 2017-2018, en el que entre otros asuntos se determinaron los períodos oficiales que abarcarán las precampañas y las campañas electorales.
Asimismo, cita el boletín, en la propia sesión se estableció que los precandidatos a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por sus respectivos partidos políticos, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas y, por tanto, la violación a esa disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidato.
Adicional a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, prohíbe incluir los nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público en la propaganda de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
De igual manera, hicieron también un respetuoso llamado a las autoridades electorales a cumplir objetivamente su valiosa función ciudadana; a hacer valer su autonomía y no dejarse presionar por grupo, funcionario público o partido político alguno.
“Los empresarios exigimos que quienes hoy en día desempeñan la alta responsabilidad de ser nuestras autoridades y/o quienes aspiran a continuar siéndolo o convertirse, pongan el ejemplo y sean los primeros en respetar los tiempos y plazos electorales expresamente establecidos, y la legislación y el estado de derecho que en nuestro país se necesita hacer valer ante tantos actos de ilegalidad e impunidad que lamentablemente a diario acontecen”, cita.
Finalmente, el comunicado establece que el proceso electoral demanda organismos y autoridades electorales fuertes y autónomos; actores políticos y funcionarios públicos responsables y respetuosos de las leyes, y ciudadanos participativos e informados, todos encaminados a consolidar, fortalecer y legitimar nuestro sistema democrático.
