Además, a propuesta del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI), el decreto entraría en vigor el día después de su publicación en el Diario Oficial del Estado, previa aprobación del pleno de la LXII Legislatura, y no hasta el 2020 como estaba originalmente el dictamen, para que se implemente en las instancias que tienen adecuados sus espacios de trabajo y que cuenten con suficiencia presupuestaria.
Por el contrario, las instancias o ayuntamientos que no cuenten con estos dos aspectos, deberán realizar paulatinamente las acciones pertinentes para cumplir con el mandato. En la misma comisión, también fue avalada por unanimidad, la minuta para modificar la Constitución Mexicana, en materia de extinción de dominio y otra referente a la prisión preventiva oficiosa.
Acerca de la extinción de dominio, Silvia López Escoffié (MC) indicó que será una herramienta eficaz, eficiente y ágil, porque ahora será por la vía civil, al igual que se recaudará más fácil el dinero confiscado por autoridades y la ciudadanía podrá adquirir los productos que actualmente se quedan en bodegas.
Por su parte, Rosa Díaz Lizama (PAN), indicó que este es un instrumento más que se le da la autoridad federal, y comentó que cuando existen delitos como el narcotráfico o el crimen organizado es muy difícil que los bienes pasen a ser de la nación o puedan ser decomisados, celebró también que la aprobación de esta iniciativa de reforma a la Constitución se dé en tiempo y forma, pues en este artículo también se amplían las personas sujetas a la extensión de dominio como lo son quienes cometen delitos en materia de hidrocarburos.
Previamente, los integrantes de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal aprobaron por unanimidad los dictámenes referentes a la Ley de Hacienda y modificaciones a la Ley de Ingresos del municipio de Celestún; sobre la desaparición de los Sistemas de Agua Potable de Chemax y Kantunil.
Asimismo, en la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, sus integrantes aprobaron por unanimidad las reformas a la Ley de Educación estatal, para que en los planteles de todos los niveles educativos se cuente con un trabajador social.
