La sesión de este jueves se prolongó por más de tres horas debido a los 14 puntos que se tocaron en el orden de día, además de la participación del diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Miguel Candila Noh, quien denunció al alcalde de Yaxcabá, Sansón Israel Palma Santos, de utilizar a policías de ese ayuntamiento para aterrorizar a grupos políticos rivales.
Por unanimidad, fueron aprobadas las modificaciones al CAPY y a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado para que el tres por ciento de las plazas vacantes y de nueva creación en el Ejecutivo estatal y en los ayuntamientos de los 106 municipios, sean otorgadas a personas con discapacidad.
El creador de la iniciativa, Aguilar Castillo, aclaró que no es un programa de asistencia sino una oportunidad real para que las personas con discapacidad puedan incorporarse e interactuar, porque es un gran paso para construir la inclusión en Yucatán.
“Debemos seguir impulsando este tipo de iniciativas para construir una gran sociedad y dar certeza laboral, económica y social; no es una dádiva, es un derecho a las personas con discapacidad que estamos obligados a otorgar”, enfatizó.
En el mismo sentido, Manuel Díaz Suárez, del Partido Acción Nacional (PAN), añadió que esto es un verdadero avance en la inclusión de las personas con discapacidad que abona a formar una mejor sociedad, abre espacios y ayuda a romper las barreras en Yucatán.
Además, la LXII Legislatura avaló por unanimidad, las reformas a la Ley de Educación estatal, para que en los planteles de todos los niveles educativos se cuenten con al menos un trabajador social, sobre la cual, Aguilar Castillo señaló que tendría un impacto sociofamiliar, porque ayudarán a la recomposición del tejido social, pues actualmente sólo existen 260 profesionistas en el área para tres mil escuelas.
Paulina Viana Gómez, del PAN, manifestó que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina que promueve el cambio, el desarrollo y la cohesión social, así como el fortalecimiento y liberación de las personas, por lo que este perfil profesional, junto con los padres, maestros e instituciones, “ayudará a que nuestros jóvenes forjen las herramientas que les permitirán enfrentar la complejidad de los tiempos modernos”.
Los diputados también aprobaron por unanimidad, la minuta para modificar la Constitución Mexicana, en materia de extinción de dominio y otra referente a la prisión preventiva oficiosa.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que, con las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, quien cometa delitos como el robo a casa habitación, principal problema en el estado, no podrá llevar su juicio en libertad, por lo que su proceso lo llevará estando en prisión.
Además, se sumarán los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, así como los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; comúnmente denominados “huachicoleros”.
“Estamos abonando a combatir la impunidad a través de herramientas idóneas, racionales y apegadas a salvaguardar el interés público como lo es la seguridad jurídica, el patrimonio y la vida, pues quien sea sujeto a proceso por tales delitos permanecerá en la cárcel hasta la conclusión del respectivo juicio oral”, resaltó.
Milagros Romero Bastarrachea, del partido Movimiento Ciudadano (MC), aseveró que la introducción de los nuevos ilícitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa significa que las personas que sean acusadas de ellos ante el juez y se les inicie proceso, deberán ser puestas en prisión de manera preventiva, como garantía de que enfrentarán el juicio que tienen por delante.
“Con anterioridad a esta reforma, una persona acusada por estos delitos ya podía quedar en prisión preventiva, sin embargo, para que ello ocurriera el Ministerio Público tenía que justificar ante el juez la necesidad de imponer esta medida cautelar en vez de alguna de las otras 15 que contempla la ley y son menos invasivas como un arraigo domiciliario, un brazalete, entre otros”, recalcó.
Miguel Rodríguez Baqueiro, del PAN, expresó que con estas reformas se busca el control de los delitos que lastiman a la sociedad; además, Miguel Candila Noh, de Morena, dijo que esta iniciativa es un clamor de los ciudadanos, que ya estaba cansada de los robos a casa habitación y con esta medida, se sentirá más protegido y más seguro, con menos violencia.
Sobre la extinción de dominio, Cervera Hernández explicó que se amplía el catálogo a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; así como en hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión, y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Romero Bastarrachea agregó que la extinción de dominio es uno de los recursos más importantes y benéficos que tienen los estados para debilitar a las redes delincuenciales y los ilícitos, devolviendo algo de lo que se dañó o robo a la sociedad, a través del aprovechamiento de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles que la actividad delincuencial en cualquiera de sus formas genera, y tiene la peculiaridad de no ser generador de más delincuencia.
Por su parte, la diputada del PAN, Rosa Díaz Lizama, declaró que es una pieza clave para remontar la crisis de violencia que vive el país, porque persigue bienes y no personas, por lo que puede y debe convertirse en una de las herramientas estratégicas para abatir la impunidad, debilitar eficazmente al crimen organizado y la corrupción.
“Hacemos votos para que la aprobación de esta reforma genere una verdadera política de recuperación de activos y extinción de dominio en todo el país, a efecto de superar por la vía de debilitamiento financiero de la delincuencia y la corrupción, el estado de violencia y de seguridad endémica”, enfatizó.
La LXII Legislatura aprobó por unanimidad, los dictámenes referentes a la Ley de Hacienda y modificaciones a la Ley de Ingresos del municipio de Celestún; sobre la desaparición de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Chemax y Kantunil.
Así como el relanzamiento de la convocatoria para presentar candidatos para la designación de un consejero del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip).
También las siete fuerzas políticas garantizaron que exista paridad de género en la distribución de los puestos en dependencias del Ejecutivo y magistraturas del Judicial, al aprobarse por unanimidad el dictamen para modificar la Constitución Política del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de la Administración Pública (CAPY).
