El titular del Inaip manifestó que están en toda la disposición para trabajar en una Ley del Sistema Estatal de Archivos, “que refleje, además de la técnica archivística, nuestra idiosincrasia en el cuidado y la conservación de la gestión documental”.
Por otro lado, resaltó que más personas están interesadas en conocer la información pública, ya que en 2018 se presentaron 12 mil 883 solicitudes, 17 por ciento más que en 2017, siendo el Poder Ejecutivo con mayor porcentaje de requisiciones, representando el 51por ciento del total, seguido por los ayuntamientos (28 por ciento) y los organismos autónomos (10 por ciento).
No obstante, el presidente del organismo, reveló que los resultados del Programa Anual de Vigilancia 2018, que revisó entre 159 sujetos obligados sorteados para el proceso, se registró que 114 publicaron la información generada ese año y 45 no, siendo en su mayoría ayuntamientos.
Además, continuó, se recibieron 117 denuncias ciudadanas contra 63 sujetos obligados por posibles incumplimientos a las obligaciones, representando un incremento de casi seis veces más que en 2017, “una muestra más del incremento del interés social en la consulta de la información pública”.
Aldrín Briceño señaló que ya son 15 años de trabajo del Inaip en los cuales, además de seguir promoviendo los derechos que nos han sido encomendados e impulsar las necesarias acciones en materia de archivos, se generan temas tan interesantes como la transparencia proactiva y el modelo de gestión de Gobierno Abierto.
“Hemos ido aprendiendo juntos estos años sobre esta nueva manera de conducirnos en la vida pública, que abona a una cultura de honestidad y combate a la corrupción, y sin duda, seguiremos juntos en este camino, que falta por recorrer, pero habremos de redoblar esfuerzos que respondan a las demandas del ciudadano, con honestidad y ética”, enfatizó.
Propuso modificar el artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para que los nuevos consejeros designados por esta soberanía duren en su encargo cuatro años, siendo de esta manera, mayor el tiempo para enriquecer con su experiencia y conocimiento como órgano garante.
En segunda instancia, solicitó que se modifique las normas pertinentes para evitar disminuciones presupuestarias al órgano garante de la defensa de los derechos humanos, el acceso a la información pública y los datos personales, para garantizar estas premisas.
