Por su parte, el coordinador de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández, del Poder Legislativo yucateco, señaló que están a la espera de que el gobierno les responda si efectivamente lo realizado por el Congreso de Quintana Roo le resta territorio a Yucatán.
“Hasta ahora, oficialmente no he recibido respuesta a dicha misiva, sin embargo, me han comentado que ya hubo declaraciones de la Secretaría General de Gobierno de que ya están revisando el tema”, expresó.
Expuso que el Ejecutivo estatal deberá primero determinar o no si existe la afectación al territorio como se presume en un primer análisis hecho por el Poder Legislativo yucateco, para después determinar qué acción jurídica emprender.
Cervera Hernández señaló que deberá ser el Poder Ejecutivo estatal el que promueva la acción legal en contra de la virtual afectación al territorio, toda vez que existen marcos jurídicos que así lo determinan.
“El tema es que precisamente este Congreso no cuenta con las posibilidades técnicas de saber si efectivamente nos afecta esta determinación que toma el Congreso del estado de Quintana Roo, eso es lo que le preguntamos al Ejecutivo, ellos tienen cuerpos técnicos suficientes que pueden definirle si afecta técnicamente o no”, dijo.
Prisas e incertidumbre
A su vez, la legisladora Escobedo Salazar admitió que la noticia ha generado incertidumbre en los alcaldes de los municipios de Tekax y Peto, por lo que consideró que es necesario que se aclare tal situación.
“Es algo que me asombró cuando tuve conocimiento del tema, inmediatamente tuve contacto con los alcaldes de mi Distrito que serían afectados con esta decisión, lo primordial acá es que el Congreso del estado ha mantenido contacto con el Ejecutivo y vamos a estar atentos para ver qué determinación se va a tomar en este caso”, explicó.
Indicó que el gobierno del estado debe actuar a la brevedad, toda vez que los tiempos jurídicos corren y en un plazo no mayor a 60 días de la aprobación del dictamen por parte del Congreso de Quintana Roo se debe presentar la controversia constitucional.
“Que estemos tomando mucha importancia porque los días están avanzando, entiendo 60 días (para presentar un recurso legal) (…) es algo que debemos tomarle mucha seriedad y mucha importancia en estos momentos”, finalizó la legisladora emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
