Los promotores del matrimonio igualitario citaron a los medios de comunicación en la sede del Poder Legislativo pasado el mediodía de este jueves, para revelar lo que a su parecer es una muestra más de cómo quienes toman las decisiones en el Estado actúan de manera homofóbica a pesar de que las llamadas bodas gay son un derecho que no está a discusión.
Primero arribaron al lugar los abogados Villavaldo Pech Moo y Diego Leyva Peralta, junto con el activista Hervé España Aguilar, quienes denunciaron que luego de presentar la solicitud ante el Tribunal Constitucional del Poder Judicial, para que resuelva si el Congreso del Estado incurrió en una omisión por parte de los diputados yucatecos para legislar a favor del matrimonio igualitario.
Manifestaron que tras la admisión del escrito sustentado por decenas de firmas, la magistrada Edda Lucelly Cámara Vallejos informó a los promoventes que las credenciales de elector que se adjuntaron con la solicitud no sustentan la vecindad de los quejosos, por lo que les solicitó que presentaran cartas de vecindad expedidas por el Ayuntamiento de Mérida, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la notificación que fue el 14 de mayo.
Por su parte, el abogado Leyva Peralta dijo que tal situación resulta excluyente, toda vez que tan solo el pago del derecho de las cartas de vecindad sería de 131 mil pesos, para poder accesar a la justicia local.
A su vez, Hervé España comentó que la postura de la magistrada deja entrever que tanto en el Poder Legislativo como el Judicial existe una firme oposición para que el matrimonio igualitario no se apruebe.
Lamentó que existan grupos que busquen mantener en el rezago a la entidad a comparación de otros estados de la república que ya aprobaron recientemente ese derecho como Hidalgo.
Más tarde arribaron al lugar las activistas Ligia Vera Gamboa y Adelaida Salas Salazar, quienes aseguraron que la batalla legar continuará hasta que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea una realidad en la entidad.
