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Tijera de Zapata Bello a Obras Públicas de 79 mdp

30 Noviembre 2017
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El gobernador Rolando Zapata Bello propuso importantes recortes presupuestales en las áreas de obras públicas, juventud, seguridad, desarrollo social e incluso para la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) con relación al presente año dentro del paquete fiscal que ingresó a la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, el cual será analizado junto con 105 leyes de egresos de los ayuntamientos del estado durante los próximos 16 días.

Ahora está en manos de los diputados locales la aprobación de tales disminuciones, las cuales tendrán que decidir si los mantienen o les reasignan recursos.

El Gobierno  de Zapata Bello solicitó al Congreso un presupuesto para el 2018 por $41 mil 293 millones 192 mil 875 pesos.

De acuerdo con documentos en poder de ROMPECABEZA, la secretaría estatal que en la propuesta del Ejecutivo estatal tendría un mayor impacto sería la de Obras Públicas (SOP), la cual perdería hasta el 79 por ciento de su presupuesto para el 2018 al pasar de 99 millones 800 mil pesos a contar con 20 millones para el año próximo.

En el paquete fiscal enviado por el gobernador yucateco se detalla que para la Secretaría de Gobierno, el mandatario estatal propone un recorte del 22 por ciento, para la Consejería Jurídica tuvo también un recorte del 19 por ciento, en Seguridad Pública contaría con 483 millones de pesos menos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendría que prescindir de 95 millones de pesos en el año entrante y para la Secretaría de los Jóvenes, de proponer una disminución sería de seis millones de pesos menos.

Asimismo, la propuesta del gobernador establece que le sean quitados a la Uady un total de 97 millones 408 mil pesos que representaría un impacto negativo en sus finanzas de 3.70 por ciento.

Debido a que es año electoral, el Ejecutivo estatal propuso un incremento en su presupuesto del 68 por ciento que en pesos representaría 303 tres millones de pesos para el ejercicio del 2018 los cuales serán utilizados para financiar las campañas políticas y la operación del árbitro electoral.

Donde también hubo un incremento es en el pago de la deuda pública, pues se propone abonar en ese rubro 447 millones 223 mil pesos, lo que representaría un incremento del 26.64 por ciento en relación a lo destinado en el presente año.

En tanto para el Poder Judicial se propone que cuente con 508 millones de pesos para el 2018, cuando de inicio se solicitó mil millones, en tanto se plantea que para el Poder Legislativo se destinen 215 millones 252 mil 373 pesos.

Al iniciar el análisis del paquete fiscal 2018, las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), hicieron un llamado a los legisladores para realizar esta tarea con responsabilidad.

En sesión de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, el diputado panista Elías Lixa Abimerhi hizo un llamado a sus compañeros integrantes para ser responsables con el dinero que se ejercerá en 2018, año que no solo será complicado económicamente, sino que además, es electoral.

“Que no existan tentaciones demagógicas y al transitar los gobiernos se tenga como garantía el ejercicio del presupuesto 2018”, dijo.

De esta manera solicitó definir un calendario para evaluar cada proyecto de iniciativa, con base a que no se repitan errores del pasado y se consideren los casos que dieron resultado. Para así, un presupuesto justo, equilibrado y a conciencia.

En ese mismo sentido se pronunció el coordinador de los diputados panistas Raúl Paz Alonso “el presupuesto de 2018 tiene características muy claras, es un año electoral que tenemos que cuidar”, acotó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, la diputada priista Celia Rivas Rodríguez, exhortó a sus compañeros para no caer en distracciones durante estas tareas.

Pidió hacer este análisis con madurez política y despojándose de todo interés político, para tener un presupuesto equilibrado.

Durante la Comisión, también se turnó la iniciativa de la bancada panista para eliminar el impuesto cedular a través del cual, los contribuyentes cautivos, no solo tienen que pagarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) federal, sino que también tienen que destinar el cinco por ciento de sus ganancias para pagar este gravamen al gobierno estatal.

 


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