En el debate, el diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), Luis María Aguilar Castillo, observó que los cambios realizados por los legisladores ocasionarán mayores complicaciones para obtener ese documento, al final logró que seis de los diputados presentes rechazaran por lo que por mayoría quedaron aprobadas las modificaciones propuestas por el diputado Miguel Rodríguez Baqueiro.
Al final, la votación quedo 18 a seis, sin embargo, durante el debate un corto pero contundente discurso del diputado del Panal, obligó a una junta express de la bancada priista, quienes debatían sobre el sentido de sus votos.
La diputada Lila Frías Castillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que tan solo en 2017 se registraron 162 accidentes de tránsito que repercutió en 148 heridos y 126 fallecimientos, por lo que es necesario trabajar en condiciones favorables para el tránsito vehicular.
Además, aclaró que la pericia es para garantizar que las personas demuestren la facultad de conducir de manera óptima.
En contraparte, Luis Aguilar Castillo, del Panal, indicó que el problema es que se necesita educación y cortesía vial, porque el término de pericia deja abierto a quien aplique el examen, los criterios para que lo apruebe el solicitante, al igual que propone habilitar espacios que se consideren adecuados para dicha prueba dentro de un circuito vial, que podría retrasar el trámite que molestaría a la ciudadanía.
En respuesta, Miguel Rodríguez Baqueiro, del Partido Acción Nacional (PAN), contestó que no se ponen más trabas, sino que se da certeza que se otorga a quien tiene la habilidad de conducir, con más amplios y exigentes requisitos para evitar accidentes, toda vez que existen 860 mil placas registradas, es decir, casi un vehículo por cada dos habitantes.
En su turno, Milagros Romero Bastarrachea, del partido Movimiento Ciudadano (MC) mencionó que se debe ser claro al aplicar los términos, como el de pericia, porque podría crear un vicio administrativo al momento de otorgar licencias de conducir, por lo que se necesita un cambio de paradigma en este tema.
En la plenaria del día, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fortalece los mecanismos para establecer políticas públicas específicas para que las unidades administrativas de primer contacto de este sector, en los 106 municipios del Estado, cuenten con los medios y herramientas necesarias que permitan su implementación, el perfil idóneo para su titular y del personal que brinde su atención, así como los indicadores de evaluación claros y medibles.
María Moisés Escalante, del PRI, señaló que se establece el perfil idóneo del titular y del personal de esta figura, promoviendo la capacidad, la formación y la idoneidad que exige la Convención de los Derechos del Niño y las observaciones emanadas de este documento vinculante en el orden jurídico mexicano, las facultades de esta unidad y los parámetros para la creación de un Protocolo de actuación del servicio público municipal, quien deberá contar con la capacitación y sensibilización necesaria.
La promovente de la iniciativa, Janice Escobedo Salazar, del PRI, aseveró que, en cumplimiento al mandato federal de la Ley General, la Ley Estatal en su artículo 11 señala que los ayuntamientos deberán contar con unidades administrativas especializadas de primer contacto con niñas, niños y adolescentes, para la atención de casos de violación a los derechos del menor de edad, a efecto de que se canalice a la Prodemefa de forma inmediata.
“Somos más los que queremos ver niños jugando, niños bien alimentados y sin signos de violencia, niños que nos contagien con su risa y gocen del amor de una familia, niños que tengan la oportunidad de ir a la escuela, hacer la tarea y ser felices”, enfatizó.
