Asimismo, el dirigente tricolor adelantó que dicho comité podría organizar rifas para ayudar a sostenerse económicamente a esa fuerza política que atraviesa una situación económica complicada luego de perder las pasadas elecciones del 2 de julio.
Torres Rivas tomó protesta como dirigente del PRI el pasado 8 de abril del presente año, por lo que al menos el adeudo es de nueve meses. En el apartado A del artículo de sus estatutos establece que todo aquel militante que ostente algún cargo público o partidista deberá aportar el 5 por ciento de sus ingresos mensuales al partido.
Entrevistado al respecto, el dirigente priista precisó que hasta el momento no ha ingresado un solo centavo que provenga de algunos de sus representantes populares, quienes bajo sus colores, estructura y organización lograron tener cargos públicos que les reditúan actualmente en un sueldo en el caso de los regidores o en una dieta mensual como se conoce la percepción económica que cobran los diputados locales.
“Hasta el momento no (han pagado sus cuotas, diputados y regidores), vamos a conformar el Comité de Financiamiento del partido, esto será en el marco del próximo Consejo Político Estatal que tendremos y ya a partir de allá habrá un comité que le dará seguimiento al tema de las cuotas, por el momento no”, dijo.
De entrada, dijo desconocer a cuánto asciende el adeudo por parte de los legisladores y regidores del tricolor, sin embargo, reconoció que desde que todo las riendas del PRI no ha ingresado un solo peso que haya sido producto de las cuotas partidistas.
“Desde que entramos acá, nadie se ha acercado, pero ya tenemos el Comité de Financiamiento, precisamente para ver el tema de las cuotas y que eso también ayuda a sobrellevar los trabajos del partido”, explicó.
Afirmó que las cuotas serían de ayuda para el partido, pues al menos se podría pagar la gasolina para las actividades del instituto político.
Finalmente, precisó que la cuenta con 500 mil pesos que les fue embargada desde hace varios meses por un pleito laboral en Chiapas, pero que le repercutió a Yucatán, fue congelada por un juez derivado del litigio.
