La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama, comentó que prácticamente todo el gobierno y los órganos autónomos cuentan ya con una persona para atender a las personas mayahablantes, según informó el estudio del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso estatal, para preservar la lengua nativa y para que más adelante se trabaje para ayudar a esta comunidad, en especial, en el tema digital de los servicios ciudadanos.
Los miembros de la Comisión Permanente también avalaron por unanimidad el proyecto de dictamen de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de Yucatán para que el Estado realice todas las acciones necesarias orientadas a lograr el derecho a una vida digna de las personas adultas mayores, que tengan acceso a los servicios de salud, alimentación, cultura, protección de su patrimonio, igualdad de condiciones para desempeñar un trabajo, asistencia y seguridad social e igualdad de oportunidades.
De la misma manera, continuó el análisis de la iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional, que tiene el objetivo de regular la forma en que los entes públicos del estado, usarán la respectiva imagen institucional, para lo cual Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN) presentó unas propuestas en materia de los colores a utilizar y exista distintivos para los diferentes órganos de gobierno.
Además, se informó que Miguel Candila Noh, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya había entregado otra propuesta para que los órganos autónomos se sumen a estas disposiciones.
En el mismo cuerpo colegiado, también se distribuyeron las iniciativas para reformar y adicionar un apartado “De la Ciencia y la Tecnología” en el artículo 90 de la Constitución Política estatal, suscrita por María Moisés Escalante, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, en materia de suicidio, signada por Kathia Bolio Pinelo, del PAN.
Así como la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de parlamento abierto, presentada por las fracciones del PRI y Movimiento Ciudadano.
