En la sesión ordinaria de este miércoles, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad modificar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento, así como la Constitución Política de Yucatán, para hacer posibles estas nuevas herramientas para la labor legislativa.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández (PRI), argumentó que el Parlamento Abierto además de ser parte fundamental en los procesos de transparencia, abre de manera importante la participación ciudadana, esto al hablar en favor de la iniciativa en la materia.
Además, en el tema de sesiones fuera del recinto legislativo, señaló que su aprobación abre la posibilidad de trabajar en un entorno de emergencia además de abrir la posibilidad de utilizar también las tecnologías de la información.
Así mismo, añadió que referente a la Contraloría Interna, al ser aprobada, garantiza que exista un órgano que evalúe las políticas económicas y administrativas, que prevenga cualquier acción contraria a la ley y que también permita calificar, junto con la sociedad, el actuar de este órgano legislativo.
“Son tres temas que aparentemente nos llevan a la palabra modernizar, que no es estar a la moda, sino es avanzar junto con la sociedad para tener nuevas herramientas más útiles y que podamos realmente, como órgano legislativo, dejar no solamente nuestras buenas intenciones, sino dejar una nueva forma de actuar dentro de este órgano legislativo”, determinó.
Desde su curul, Karla Franco Blanco (PRI) indicó que el Parlamento Abierto implica realizar compromisos puntuales para garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, al igual que responde a las peticiones de la sociedad civil organizada.
En la plenaria, también se aprobó por unanimidad integrar un artículo transitorio a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que, por única ocasión, el proceso electoral 2020-2021 inicie la primera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección.
Así mismo, las diputadas y los diputados avalaron por unanimidad la modificación del artículo 115 del Código Penal, que establece que no procederá el perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo en los casos del delito de violencia familiar y su equiparable; además, si se otorga, se eliminará la acción penal de los delitos por querella, siempre que el inculpado no manifieste su oposición dentro de tres días.
Sobre el tema, Luis Borjas Romero (PRI) informó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció que de enero a abril de este año se realizaron 88,803 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, 53% más que las ocurridas en el mismo período de 2019.
Agregó que 1,734 fueron de Yucatán, ocupando la posición número 15 entre los diversos estados, pero si se toma en cuenta que es una entidad con poca población en comparación a otros, por cada 100 mil mujeres, se realizaron 151.2 incidencias, por encima de la media nacional de 136.
“No queremos que exista impunidad para quienes sufren violencia familiar, así como tampoco queremos que quienes tengan la obligación de cumplir mediante una pensión alimenticia fijada por los jueces familiares se salgan con la suya y evadan esa responsabilidad”, reiteró.
De la misma manera, fue aprobado por unanimidad las reformas a las fracciones V, VI, y adición de la VII, al artículo 325, también del Código Penal, en materia de fraude tratándose de la insolvencia voluntaria del deudor alimentista.
María Moisés Escalante (PRI) aclaró que el dictamen plantea duplicar la sanción cuando una persona cometa el delito de fraude, simulando un estado de insolvencia con objeto de eludir las obligaciones que tenga frente a sus acreedores y se hiciera con la intención de afectar las resoluciones en materia de pensión de alimentos, independientemente de las que pudieran resultar por la comisión de cualquier otro delito.
Por otro lado, fue avalado por unanimidad las reformas a la Constitución Política del Estado, en materia de educación, presentada por el Ejecutivo estatal; así como por mayoría, con un voto en contra de Morena, modificar las Leyes de Ingresos de los municipios de Tizimín, Sinanché, Mama y Sotuta.
De la misma manera, fue avalado por mayoría crear la Ley de Hacienda del municipio de Tixpéhual, de la cual, Marco Rodríguez Ruz (PRI), destacó que se genera un instrumento que le permita tener legalidad en su administración y definir conceptos de interés público, que servirá a las instancias correspondientes en la tarea de vigilar la distribución de los recursos.
Por último, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad expedir la Ley de Emprendedores, cuyo promovente, Víctor Sánchez Roca (PAN), mencionó que se considera la creación de políticas públicas incluidas en el plan estatal de desarrollo en materia de emprendedores como una obligación.
Además, continuó, se solidifica la Red Estatal de Emprendedores, para incluir al gobierno estatal, municipales e instituciones de educación superior; se crea la obligación de incluir en el Presupuesto de Egresos un porcentaje de exclusivo para apoyo a los emprendedores, entre otros puntos.
“El mensaje para los emprendedores, ¡No se cansen, no se rindan, no es fácil, pero los frutos valen la pena!”, enfatizó.
Para finalizar, se convocó a la siguiente sesión ordinaria el próximo domingo 31 de mayo, a las 11 de la mañana, para la clausura del Segundo Año de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la actual Legislatura.
Recomendaciones a la ASEY
En la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, sus integrantes aprobaron por unanimidad enviar a la Auditoria Superior del Estado (ASEY) un informe de observaciones y recomendaciones, que hace referencia al artículo 12 de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado.
El titular de la Unidad de Evaluación y Vigilancia de la ASEY, Jonathan García Ramírez, detalló que los señalamientos buscan fortalecer la generación de información de una manera más eficaz y con un impacto social de mayor alcance; además de robustecer las actividades de la ASEY, de manera coordinada con el Congreso de Yucatán.
La diputada Janice Escobedo Salazar (PRI), comentó que las propuestas versan en las opiniones que se han presentado en el seno de esta comisión, así como nuevas observaciones por parte del titular de la unidad; mientras que Milagros Romero Bastarrachea (MC) y Miguel Candila Noh (Morena), señalaron que hay que darle seguimiento para que la ASEY cumpla con estas disposiciones.
De la misma manera, los diputados aprobaron por unanimidad dos convocatorias para la designación de un Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), así como para la elección de dos integrantes del Consejo Consultivo del mismo organismo.
Además, se distribuyeron oficios de la ASEY, del Informe del avance de las observaciones de la Cuenta Pública 2017 y 2018, con corte al primer trimestre de 2020.
En asuntos generales, la diputada Milagros Romero, solicitó para la siguiente sesión de la comisión, que la ASEY brinde un informe de las denuncias por daño patrimonial, presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, para darle seguimiento a su proceso.
