Dada la relevancia del caso y al abordar temas novedosos, el máximo tribunal del país resolvería este juicio de amparo que pudiese concluir en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad, abriendo la puerta a que ocurra lo mismo en otras que se encuentran en la misma situación.
Mediante un comunicado de prensa activistas pro derechos de la comunicad LGBT+ informaron que tras el rechazo en abril de 2019 de una iniciativa para permitir el matrimonio igualitario en Yucatán, el Colectivo por la Protección de Todas las Familias (Colectivo PTFY) presentó un juicio de amparo en contra del Congreso de Yucatán acusando que había violado el Pacto Federal, toda vez que la decisión violaba la jurisprudencia de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de prohibir las uniones legales entre personas del mismo sexo.
En la demanda, el Colectivo PTFY, conformado por personas de la comunidad LGBT+ y personas aliadas, señaló que la jurisprudencia de la SCJN indicaba una orden general a los congresos locales de adecuar su legislación civil y familiar para garantizar que todas las parejas que constituyen una familia, independientemente de su conformación, puedan acceder a los distintos derechos que otorga la figura del matrimonio.
“Esta es una oportunidad histórica, dado que podría ser el cierre de una lucha iniciada por distintas organizaciones en Yucatán desde 2008”, señaló Alex Orué, vocero del Colectivo PTFY. “Hace unos días, durante sesión del Pleno de la Suprema Corte, el Ministro Presidente Zaldívar señaló justamente que la jurisprudencia de ese máximo tribunal es obligatoria para los estados y que no deben desobedecerla, lo cual da buena señal para este caso”, concluyó el activista.
Kalycho Escoffié, parte del equipo legal del Colectivo PTFY, indicó que este caso podría tener un gran impacto no solo en Yucatán sino a nivel nacional. “Hay otros estados, como Querétaro, en los cuales los congresos no han acatado esta jurisprudencia, por lo que si se gana el amparo la Suprema Corte estaría confirmando que sus precedentes no solo obligan a jueces y juezas, sino también a poderes legislativos”.
El Colectivo PTFY indicó que muy probablemente el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá será designado para hacer el proyecto de sentencia, el cual será sometido a votación de la Primera Sala aproximadamente a finales de este año o a principios del 2021.
