Durante su exposición de motivos recalcó que las autoridades deben procurar establecer un vínculo cercano y permanente con la ciudadanía para poder conocer de forma directa y sin deformaciones las verdaderas causas y necesidades de la sociedad, muy en particular en los municipios, debido a la cercanía natural que se supone prevalece.
Sin embargo, comentó, hoy se toman decisiones alejadas a las necesidades del municipio, decisiones que se contraponen a la voluntad de los ciudadanos, decisiones que en muchos casos solo representan la voluntad de los que están sentados en una mesa o intereses específicos de grupos, lo que ocasiona distanciamiento y conflicto entre sociedad y autoridades.
“La obra pública y la infraestructura urbana a nivel municipal son un tema realmente sensible, y es que una constante en la administración municipal es que cada tres años hay un cambio de timón, lo que implica nuevas visiones, nuevos proyectos, nuevas prioridades y que finalmente lo que hoy se construyó, tal vez para el que venga mañana ya no será necesario, logrando con esto un ineficiente uso de la inversión en obra pública”, dijo.
Recordó lo ocurrido con el Parque de la Paz en el municipio de Progreso, el cual a pesar de estar totalmente funcional y en muy buen estado de conservación, fue destruido para darle paso a otras obras, las cuales han recibido un abierto rechazo.
“Por eso se hace necesario que los ciudadanos, tengan una participación activa y directa donde puedan manifestar su parecer sobre esos proyectos que afectan gravemente la infraestructura urbana”, expuso.
Por lo cual, continuó, hemos considerado que los ayuntamientos, tratándose de obra pública que implique la demolición total de edificios e infraestructura de los espacios públicos, con una antigüedad menor a cinco años de su realización o bien que dicha infraestructura se encuentre en buen estado de conservación y funcionalidad más allá de la antigüedad de su construcción, deberán someter de forma expresa a la aprobación de la ciudadanía.
Precisó que la iniciativa que presentó durante la plenaria de este martes busca adicionar un artículo 42 Bis, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para que tenga que someter someter de forma expresa a la aprobación de la ciudadanía a través de un plebiscito la realización cualquier
Quedan exceptuados de este requisito, los inmuebles o bienes públicos que constituyan un peligro para la comunidad o que tengan un evidente deterioro ya sea por causa natural o como resultado de la acción de alguna fuerza externa.
Para finalizar la legisladora del IX Distrito Local, solicitó a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Vivienda poner como prioridad el análisis de esta iniciativa previo a la asignación del Presupuesto 2021 y del próximo proceso electoral.
