Durante su participación en la sesión plenaria, Romero Bastarrachea, recordó que las y los ancianos ya cuentan con una figura legal que los respalda en la legislación, y que por ello debe protegerse su vida en todo momento.
Explicó, que la propuesta legislativa, nació tras darse a conocer las pésimas condiciones en la que viven los adultos mayores en los asilos privados, públicos o sociales, pues no existía una ley que regule estos espacios y que se encargue de vigilar que cumplan con las condiciones mínimas de salubridad.
“Muchos de los adultos mayores terminan en situación de calle, olvidados en sus propios hogares o en institutos para la atención de los mismos, lo que provoca que en la mayoría de los casos sean sometidos a condiciones deplorables de vida, siendo lesionados físicamente, sometidos a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes y en ocasiones causándoles la muerte”, sentenció.
Agregó que esta situación ha provocado que mueran en el abandono, o que incluso, se lleguen a suicidar, no obstante, sus muertes nunca son esclarecidas por la falta de atención e interés de las autoridades.
La propuesta plantea disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores y al Código Penal del Estado de Yucatán.
Las instituciones estarán obligadas a procurar el mejoramiento de la salud física, médica y psicológica, a realizar actividades culturales y recreativas, a denunciar ante la autoridad los casos de discriminación, abandono, desamparo, marginación, abuso, explotación o violencia a los adultos mayores por parte de sus familiares o del personal laboral.
Deberán tener personal capacitado, en geriatría y gerontología, proporcionar atención médica e informar a la familia sobre el reporte médico. Así como suministrarle en los horarios establecidos los medicamentos recetados.
Se contempla también que tengan cocinas y comedores salubres, dormitorios apropiados, áreas para servicios médicos especializados y educativos, áreas ventiladas e iluminadas con dimensiones suficientes, baños limpios, pasamanos tubulares en las regaderas, lavabos asegurados y pisos antiderrapantes.
La Secretaría de Salud (SSY) podrá sancionar con 50 a 1000 UMA´s a quien no cumpla con lo antes mencionado, e incluso clausurar el lugar.
Toda persona podrá denunciar ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), todo hecho que cause afectaciones a los adultos mayores.
Si la Prodemefa no es competente para atender la acción se canalizará al denunciante ante la autoridad correspondiente.
La Prodemefa podrá trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la SSY, para realizar la investigación correspondiente cuando reciba una denuncia, además en la indagatoria podrá practicar exámenes médicos y psicológicos, así como realizar todas las acciones conducentes al esclarecimiento del hecho, incluyendo, en su caso, solicitar el auxilio de la fuerza pública.
La autoridad podrá imponer multas de 40 a ciento 150 UMA´s, así como sanciones a personas o instituciones por actos de explotación, abandono, marginación, discriminación o humillación.
La FGE deberá llevar e integrar de manera adecuada la carpeta de investigación para el debido proceso y aplicar las sanciones correspondientes al Capitulo X de los Delitos contra los Adultos Mayores del Código Penal.
