El colectivo Todas son Familias dio a conocer que el máximo tribunal del país atrajo el amparo contra el Poder Legislativo del Estado, en un proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat.
Todas son Familias, en conjunto con la organización Artículo 19, se amparó contra la decisión de los legisladores yucatecos que en 2019 desecharon en votación secreta un dictamen aprobado en comisiones por la aprobación del matrimonio igualitario.
En ese sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Milagros Romero Bastarrachea, impulsora de la propuesta, consideró como un logro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya atraído este amparo y, con ello, abrir la posibilidad de una nueva votación en el Congreso yucateco, ahora de forma abierta.
Como se recordará, en la primera votación cerrada realizada en el Congreso -14 de abril de 2019- la fracción parlamentaria de MC presentó una denuncia contra la Mesa Directiva por hacer una votación secreta -por cédula y en urna- cuando el compromiso era realizarlo de manera abierta.
Y es que ahora, luego de la segunda votación donde se desechó la iniciativa -15 de julio de 2019- los organismos de la sociedad civil hallaron el camino en la corte federal y se espera que se pueda reponer el proceso, lo que podría suceder en los primeros meses de 2021.
"El máximo tribunal de la nación deberá estudiar y aprobar dicha propuesta, emitir un dictamen o sentencia y de ahí derivar en una exigencia para el Poder Legislativo yucateco que se deberá acatar", advirtió.
"Por la votación secreta ha sido imposible saber cuáles fueron los legisladores que votaron en contra, pero una votación abierta podrá dar esa respuesta", dijo Romero Bastarrachea.
En abril de 2019, con votación de 15 en contra y 9 a favor, el Congreso de Yucatán desechó la primera iniciativa para reformar la ley y declarar el matrimonio igualitario en esta entidad.
Posteriormente, en una segunda e idéntica votación y con modificaciones a la iniciativa, en julio de 2019, los propios legisladores, fundamentalmente PRI-PAN y Verde Ecologista, desecharon una vez más la iniciativa, lo que dio motivo al amparo promovido por las organizaciones de la sociedad civil y que ahora dirimirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (ACOM)
