Así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.
En el mismo acuerdo avalado en la sesión ordinaria de este miércoles, el Congreso de Yucatán solicita a la titular de la Secretaría de Contraloría General del Estado de Yucatán, para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, proceda investigar por sí, o por conducto de los órganos de control interno, las conductas señaladas y atribuidas al ex Fiscal General del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas.
Al igual, que dar seguimiento a los probables hechos de corrupción que son de dominio público, atribuidos al ex Fiscal General del Estado, así como a diversos funcionarios, servidores públicos y particulares que se encuentren involucrados en tales hechos, a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan conforme a derecho.
A nombre de la fracción del PRI, el diputado Marcos Rodríguez Ruz, presentó este Punto de Acuerdo con la finalidad de poner en conocimiento de la autoridad competente conductas que pueden constituir hechos delictuosos cometidos por uno o varios servidores públicos, tal y como se desprende de los audios hechos públicos por parte de un medio de comunicación local y leer las diversas publicaciones impresas y electrónicas.
“Este Congreso no puede quedarse estático ante situaciones que vulneran a las instituciones de justicia en la entidad, por lo que es necesario que las instancias investigadoras se alleguen directamente los hechos e indaguen hasta resolver las circunstancias que rodean, tanto la renuncia del Fiscal General del Estado, así como los vínculos con otros funcionarios y particulares ligados a éstos, en una probable red de tráfico de influencias que ha provocado un cisma público en donde el actual Gobierno estatal ha quedado en total silencio”, aseveró.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, señaló que esta propuesta viene a fortalecer un trabajo de transparencia y de cara a la ciudadanía que todas las instancias deben de tener, que es hacer llamados a las autoridades correspondientes, “como la Fiscalía donde pocas noticias tenemos”.
“Hoy estamos apoyando una propuesta que a todos hace bien porque todos podemos tener en casa a alguien que no actúa con los parámetros del resto, es importante investigarlo, estamos a favor por la salud de las instancias gubernamentales, por la responsabilidad de cada funcionario que deberá asumir”, recalcó.
En respuesta, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, contestó que lo que le corresponde al Congreso del Estado es agilizar el trámite del nombramiento del próximo Fiscal General del Estado, porque “necesitamos darle certidumbre a la sociedad para darle trámite a todos los procesos pendientes”.
“Hacemos un llamado a todo este Congreso y a la Comisión de Justicia para darle agilidad y velocidad al nuevo nombramiento del Fiscal, juntos trabajaremos en un calendario para tener al nuevo titular, eso es lo que corresponde”, reiteró.
Cabe señalar que este miércoles también se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, la terna para la designación del Fiscal General del Estado, conformada por Patricia del Socorro Gamboa Wong, Juan Manuel León León, y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar.
El diputado del PRI, Enrique Castillo Ruz, manifestó que el exfiscal vino a esta soberanía, rindió el compromiso constitucional y se comprometió a respetar y hacer valer las leyes pero “le mintió a cada uno de nosotros, le mintió al pueblo de Yucatán”, porque es una falta de respeto a la investidura, con la cual se le confió, lo cual preocupa e indigna a la sociedad yucateca, pues la institución que debe velar, proteger los intereses de todos los ciudadanos, es rehén de actos de corrupción e impunidad.
“Se prestó a favorecer intereses mezquinos y particulares, es realmente indignante, lamentable y que triste que a través de altos puestos se haga un alarde de poder, de complacencia con el objeto de beneficiarse social, política y económicamente, para quienes no han escuchado el audio qué impresión les daría escuchar al ex Fiscal pidiendo la módica cantidad de 5 mil dólares para cumplir con sus funciones a favor de una causa particular”, agregó.
En su turno, el diputado del PAN, Víctor Sánchez Roca, dijo que un tema procesal, como la investigación de la renuncia del exfiscal General, sea utilizado con fines políticos, por lo que hizo un llamado a denunciar si se tienen las pruebas de que cometió un delito y repitió que lo que le corresponde al Congreso del Estado es darle trámite a la terna enviada por el Ejecutivo estatal para elegir al nuevo fiscal.
El diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, señaló que “no es raja política” este punto de acuerdo y espera que se atienda, porque existe la Ley Anticorrupción que establece como delito grave la corrupción y se debe investigar por oficio, sin necesidad de denuncias, “se necesita conciencia, principios, actuar honesta y correctamente”.
“¿Por qué renunció? No es un cambio regular, no fue para buscar un puesto político. Lo menos que tenemos que saber es porque se le pidió la renuncia”, expresó.
El diputado de Morena, Miguel Candila Noh, añadió que los funcionarios que hayan cometido corrupción deben ser sancionados y al final tengan delito penal, porque es grave que un periódico local lo hiciera público.
“Ya no es una mentira, no es una especulación, debemos acabar con eso, espero que en esta ocasión se aplique la ley”, mencionó.
La coordinadora de la fracción de MC, Silvia López Escoffié, aclaró que se pide a otras autoridades que investiguen, como tiene la obligación de hacerlo, porque en este Punto de Acuerdo todos ganan; mientras que la Comisión de Justicia continúa con los trabajos y la obligación de designar a un nuevo Fiscal General.
“Ganan los ciudadanos a los que representamos y el Gobierno del Estado gana porque se van a deslindar a quienes tengan que deslindar”, declaró.
La diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, aseveró que es una pena decir que el punto de acuerdo se utilice con fines políticos, porque los audios que involucran al ex Fiscal son pruebas de actos de corrupción que vulneran las instancias de justicia, son audios que involucran a funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado, por lo que se solicita la intervención de las autoridades competentes para realizar las investigaciones.
“Que caiga el que tenga que caer y que se castigue al que se tenga que castigar”, finalizó.
