Indicaron que lo denunciado por el portal Animal Político, es solo una pequeña muestra del grado de corrupción que durante seis años se vive en Yucatán en materia de adquisición de servicios y de obras públicas.
De acuerdo con ese sitio web, en 2015, la administración del gobernador priista Zapata Bello -que concluye el próximo domingo- transfirió más de 150 millones de pesos destinados al estudio sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud, a un grupo de 58 compañías que no tenían ni los especialistas ni experiencia para realizar ese trabajo, y que decían dedicarse -en el papel- a servicios de construcción, comercio de mariscos y hasta plomería.
Al respecto, Ramírez Aguilar, aseguró que lo revelado por ese espacio informativo es totalmente verídico y que por años sufrió en carne propia los excesos realizados por el aún gobernador y sus funcionarios.
“En este sexenio sí fue bastante recurrente, se crearon bastantes (empresas fantasma) y le hicieron bastante daño a nuestra industria, porque ya las obras venían asignadas para esas empresas, cuando salían los concursos ya venían con nombre y apellido, los otros que concursaban ya quedaban en primero, segundo o quinto lugar, nunca les tocaba nada ya venían ya asignadas”, denuncia.
Ahondó que la afectación de hasta un 70 por ciento en los constructores de la entidad, que por años han consolidado sus empresas, quienes no se prestaron a actos de corrupción en el gobierno saliente.
“Pedían una gratificación de 15 o 20 por ciento, los famosos moches que existen, yo no soy partidario de esas cosas”, expresó el dirigente empresarial.
SECRETO A VOCES
Por su parte, el titular del WCCE, González Fernández, respaldó lo expuesto por el titular de la AMIC en la entidad, al asegurar que entre los prestadores de servicios del sector de la construcción, es un secreto a voces como aparecieron empresas de la noche a la mañana que fueron las favoritas de Zapata Bello.
“Hay empresas que no están debidamente acreditadas y son de dudosa existencia más que fantasmas, es un secreto a voces para quienes estamos en el ámbito de la construcción, que esto ocurre”, indicó.
Señaló que el beneficio a empresas de dudosa existencia no solo se dio en el sector salud, pues existen evidencias de que tal situación también fue en otros rubros como educación, por lo que consideró pertinente que el gobierno entrante revise a conciencia cómo se dieron los procesos de adjudicación de obras.
“Esto no es una cacería de brujas, sino un ejercicio de transparencia que deben tener todos los gobiernos que entran para saber cómo es lo que reciben, qué es lo que aplican y ver si hay irregularidades, castigar a los responsables”, indicó.
Insistió que el asunto no es cosa menor, por lo que es necesario que se indague a profundidad los señalamientos en contra de la administración de Zapata Bello, toda vez que ello mandará un mensaje a la sociedad de justicia y transparencia.
Finalmente, señaló que desde la sociedad civil se impulsa la creación de un Observatorio Ciudadano en Infraestructura y Desarrollo, con la finalidad de vigilar que la práctica de los “moches” y otros actos de corrupción no se repitan.
