En un mensaje desde el Palacio de Gobierno, la contralora estatal Lizbeth Basto Avilés, dijo que en los 1938 procesos de carpetas de entrega-recepción entre secretarios, direcciones generales, direcciones y departamentos del Ejecutivo, así como entidades descentralizadas y organismos desconcentrados, se encontraron irregularidades financieras, sobre todo en las secretarías de Salud (SSY), de Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF).
"Solo en estos casos el monto de las irregularidades a denunciar asciende a aproximadamente 533 millones de pesos que inicialmente darán lugar a seis denuncias", indicó la funcionaria.
"Al menos otras 20 denuncias adicionales serán por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas hallados en los procesos de entrega recepción", agregó.
Indicó que las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico.
También, los institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), Deporte (IDEY), Seguridad Jurídica Patrimonial (Insejupy) y Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey); el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior Progreso, Cultur y el Hospital Comunitario de Peto.
"Por ejemplo, en la Secretaría de Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos y mobiliario y equipo administrativo", señaló.
Basto Avilés precisó que las 26 denuncias en su conjunto están siendo integradas en este momento, con toda la documentación correspondiente, y serán presentadas el próximo lunes 14 de enero ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
De igual forma, sostuvo que están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación abiertas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las secretarías de Desarrollo Rural y Desarrollo Social y los institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de Obra Pública (Inccopy), así como otras más en Salud. Éstas ascenderían a un monto de 160 millones de pesos.
Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de la revisión de la cuenta pública 2017, ha instruido fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como el Seguro Popular y Escuelas al 100 y fondos como el de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Social, Aportaciones a los Servicios de Salud y de Fortalecimiento de Entidades Federativas.
De acuerdo a sus facultades la Contraloría estatal hará las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes.
