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Padres adolescentes contarán con cobijo de la ley

05 Junio 2019
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Si bien, ya entró en vigor la norma para que por ningún motivo dos menores de edad contraigan matrimonio, ahora tendrá que establecerse acciones legales para atender y dar certeza jurídica a la convivencia parental entre menores, porque seguirán registrándose parejas menores de edad con hijos y es preciso que estén jurídicamente protegidos, afirmó el magistrado Santiago Altamirano Escalante.

Cabe recordar que en marzo pasado, el Senado de la República aprobó una ley para prohibir el matrimonio infantil, acto que entró en vigor el pasado lunes para todo el territorio nacional. La acción legislativa busca acabar con los contratos familiares, usos y costumbres en zonas del país y reducir el embarazo infantil.

Sobre este tema, el magistrado Santiago Altamirano Escalante, responsable del área de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán recalcó, "por ley no se podrán realizar contratos matrimoniales entre menores de edad, pero está claro que las relaciones entre adolescentes se mantendrán, de esta manera, será necesario que el estado tome medidas jurídicas para proteger los derechos de estos menores".

Los jóvenes que concreten una unión de vida, que sean menores de edad no podrán casarse, pero hay figuras jurídicas que pueden atender este problema, como es el caso de concubinato; sin embargo, es preciso que la ley proteja a esta unión a través de instrumentos jurídicos, mucho más si tienen descendencia.

"Tenemos que entender que hay un mundo normativo y un mundo real, en el mundo normativo, se ha establecido que los menores de edad no podrán casarse, hay que recordar que el matrimonio es un acuerdo de voluntades, lo que establece jurídicamente como un contrato", agregó.

Es por ello, que el estado debe establecer acciones jurídicas que puedan proteger los derechos de estos menores, ya que, al vivir juntos y tener la relación, incluso, debe estar protegida por la ley y con ello atender los derechos del menor.

"Estamos dialogando con las distintas entidades jurídicas para que tengan una mayor conciencia de este problema y el estado tome las previsiones para instrumentar actos jurídicos, modificaciones o adecuaciones a la ley que protejan los derechos de estas personas y no queden lagunas en la protección que demandan los niños, niñas y adolescentes que establecen construir una convivencia y formar una familia", comentó. (ACOM)

 

 


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