Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Indignación, expresó que en la audiencia del lunes, en Quito, Ecuador, se plantearon las dificultades de las comunidades indígenas frente a la jurisdicción agraria y la falta de generación de mecanismos que los protejan.
“Chablekal ilustra las veces que las instituciones agrarias violentan al pueblo maya. Se denuncia que sistema agrario no es compatible, no reconoce los derechos de pueblos originarios”, declaró.
El de Chablekal, dijo, es un caso paradigmático a nivel nacional, porque se exige un tema de derecho indígena a las instituciones agrarias para hacer valer el derecho al territorio desde la perspectiva indígena.
“Vemos una situación sistémica de despojo en la península, a través de las instituciones agrarias se legaliza este tipo de despojo, afecta a un territorio más amplio", expresó.
“Hasta la fecha, con la actual administración federal se intenta cambiar, pero no es tan fácil por la anquilosada estructura y la corrupción, por lo que muchas veces se ha denunciado participación instituciones agrarias en mecanismos de despojo”, sostuvo.
De igual forma, comentó que la depuración de las instituciones federales ha sido un proceso muy lento, ya que hay funcionarios que participan en despojo e ilegalidades.
En la audiencia se presentaron patrones de violación a los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio así como a su libre determinación a partir de las experiencias de comunidades mayas, rarámuri y ódami.
Los peticionarios sostuvieron que el régimen agrario al reconocer la comunidad agraria como parte de la propiedad social, ha sido la vía más utilizada por los pueblos indígenas para obtener ciertos derechos de propiedad sobre sus territorios.
Sin embargo, este régimen impide a los pueblos indígenas la protección y recreación de su propiedad colectiva y de su territorio.
Igualmente señalaron la orientación normativa y práctica de las instituciones del sector agrario hacia la privatización y el despojo del territorio indígena. A esto se añade la precariedad económica y creciente marginación de los pueblos indígenas, derivada de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista que ha afectado gravemente la propiedad comunal agraria debido a que los pueblos no pueden ejercer su libre determinación.
Durante la audiencia, el Estado mexicano reconoció las fallas del régimen agrario y del sistema de justicia en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ya que no toma en cuenta su realidad y es causa constante de violación de sus derechos colectivos.
También reconoció el problema de corrupción que afecta al sector y anunció que se tomarán medidas.
La CIDH instó al Estado mexicano a tomar medidas para que los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas se apliquen en este sector así como en el impulso de la reforma constitucional en la materia y en el debate legislativo para reformar la Ley Agraria.
Asimismo, se acordó que la Relatora de Pueblos Indígenas de la CIDH realizará una visita a México y brindará asesoría técnica al Estado mexicano en el proceso de reforma constitucional en la materia. (Paul Antonie Matos)
