Afirmó que “los casos de violencia familiar son la antesala del feminicidio. Muchos casos acaban en ello”.
Por lo tanto, debe existir una labor de prevención del feminicidio, para abordarlo desde la violencia familiar, a través de políticas que traten los conflictos entre parejas.
Al ser preguntada respecto al caso de Greta Martínez Corona, quien sufrió violencia feminicida, y al cual la Fiscalía General del Estado (FGE) quiere considerarlo como violencia familiar y no tentativa de feminicidio, indicó que “no es nada atípico para Yucatán; si bien no hay índices altos de violencia en la vía pública, en el hogar y con la pareja o ex pareja es una constante, década tras década, sin importar las políticas públicas impulsadas”.
Reconoció que las colaboraciones son claves, entre sociedad civil y autoridades, para ser la voz de las víctimas y personas afectadas.
Su organización trabaja actualmente con cinco municipios de Yucatán, Tixcacalcupul, Halachó, Chikindzonot, Kinchil y Tecoh, con 30 promotoras comunitarias, líderes en sus comunidades, acompañando y orientando a otras mujeres en salud y derechos humanos.
Dijo que las mujeres por miedo y por desconfianza no se acercan a las autoridades, por lo que confían más en las mujeres de su comunidad. Desde que se implementaron las promotoras comunitarias, aumentó 65 por ciento números de denuncias.
Señaló que es una parte clave en ruta de acceso a la justicia, apoyarlas a replicar en comunidades y por eso el convenio con las autoridades municipales, firmado esta mañana en el Centro Cultural Olimpo.
El acceso a la justicia no es igual para todas las personas en México, se mezcla el género, la etnia, la discapacidad, muchos factores, dijo. Cuando se trata de mujeres, vemos que además de las deficiencias institucionales, un sistema de justicia que opera con pocos recursos materiales, económicos, humanos”, manifestó.
La cifra negra en México es la violencia contra la mujer, ya que el 90 por ciento de los delitos no se denuncia. Por violación se registraron el año pasado 240 mil denuncias, pero solo en 11 casos se abrieron averiguaciones previas y, de ellas, solo un 2.4 por ciento tuvo sentencia condenatoria.
Hubo un caso de una mujer indígena con discapacidad, dos veces violada, y las autoridades no actuaron. Se le atendió con un lenguaje discriminatorio en la sentencia; el juez dijo que “no se trata de una persona normal, que no sabe decir qué es bueno o malo, que se dejó copular y no es violación”, recordó.
Cuando se cruzan los factores indígenas más discapacidad es más grave, concluyó. (Paul Antonie Matos)
